POR QUÉ LOS ESTUDIANTES VUELVEN A LAS CALLES
Como no sucedía desde hace muchos años, cientos de miles de estudiantes de las 32 universidades estatales marcharon esta semana por las calles de las ciudades de Colombia para reclamar al gobierno el incremento del presupuesto para las instituciones de educación superior pública, acosadas por un déficit histórico de inversión que supera los 15 billones de pesos, y para protestar por la falta de recursos financieros para cubrir los gastos de funcionamiento de este año.
Las marchas fueron convocadas por el Movimiento Estudiantil Colombiano, pero contó con el apoyo de los alumnos de universidades privadas como el Externado de Colombia, Los Andes y la Javeriana. En Bogotá, por lo menos 45.000 estudiantes salieron a las calles y se concentraron en la plaza de Bolívar. En Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y otras ciudades, miles de estudiantes más se unieron a la protesta.
El regreso de los estudiantes a las calles permitió, por primera vez en mucho tiempo, discutir en forma pública las cifras del financiamiento de la educación superior.
Los rectores de las 32 universidades del Sistema Universitario Estatal sostienen que la principal de esas cifras tiene que ver con el déficit histórico de la inversión en las universidades públicas, que ya supera los 15 billones de pesos. Este se debe a la Ley 30 de 1992, que determinó que las transferencias a las universidades fueran ajustadas anualmente según el aumento del IPC índice de precios al consumidor , sin tener en cuenta el crecimiento en el número de estudiantes matriculados. Este se cuadriplicó en la última década, al pasar de 159.000 a más de 611.000 estudiantes.
Por esta razón, los recursos para las universidades públicas han crecido apenas uno o dos puntos por encima de la inflación en los últimos 25 años. Mientras tanto, las universidades han tenido que atender cada año más estudiantes con el mismo presupuesto. Durante ese período, a precios de 2017, el aporte de la Nación a las universidades públicas por estudiante cayó de 10 millones 300 mil pesos a 5 millones 130 mil pesos.
Los resultados de la Ley 30 están a la vista: el déficit de la Universidad Nacional ha llegado ya a los 60.000 millones de pesos. En el campus de Bogotá, hay varios edificios que han tenido que ser abandonados porque sus muros están cuarteados y se
La situación ha obligado a los rectores de las universidades estatales a hacer maromas financieras para mantenerlas abiertas en medio de una agonía constante.
están viniendo abajo los techos de los salones de clases.
Otra cifra importante es la del déficit en los gastos de funcionamiento, que este año sobrepasó los 3 billones de pesos. La situación ha obligado a los rectores de las universidades estatales a hacer maromas financieras para mantenerlas abiertas en medio de una agonía constante, con menos estudiantes matriculados, con profesores contratados por horas, trabajando en espacios educativos cada vez más deteriorados, y sin incentivos para promover la investigación.
Sumados, el déficit histórico de inversión y el de gastos de funcionamiento asciende a unos 18,2 billones de pesos.
Estoy de acuerdo con el diagnóstico de El Espectador y de los rectores de las universidades sobre la principal causa de este problema: la Ley 30 de 1992 falló en proponer un mecanismo de financiación que les permitiera a las universidades estatales crecer a medida que aumenta la demanda de la sociedad. Por eso hay que modificarla para que el aumento anual de los recursos de las universidades públicas sea real y no esté atado solo al índice de precios al consumidor.
La educación no es un privilegio. Es un derecho. Y en un país con índices de desigualdad económica y social tan altos como los de Colombia, la educación pública universitaria es la mejor aliada para combatirla. Es la única esperanza de millones de colombianos que la necesitan para superar la pobreza y lograr una vida digna