El Gobierno no apunta a construir cárceles
El Gobierno dirigirá su estrategia hacia nuevos cupos carcelarios y a perseguir al crimen organizado.
Hacinamiento carcelario en el país es de 49,1 %, según Inpec, y el Ejecutivo busca solución solo con política criminal.
La crisis carcelaria que vive Colombia es crítica pero no es nueva. Cada gobierno busca soluciones para mejorar las condiciones de los reclusos y que se logren reincorporar a la sociedad. Sin embargo, los avances son mínimos.
En materia penal, el asunto tiene diferentes ópticas desde el Estado. El Ministerio de Justicia ha tramitado leyes que buscan el deshacinamiento logrando la salida de detenidos por causas menores como (la inasistencia alimentaria) o facilitando alternativas como la casa por cárcel y vigilancia con brazaletes electrónicos.
Por el contrario, la Fiscalía ha impulsado normas más duras que se han visto reflejadas en el aumento de la población penitenciaria. Una de esas, en 2016, la que buscaba evitar la salida de 18.000 detenidos, entre los que estaban miembros de bandas criminales, narcotraficantes y abusadores sexuales.
Las cifras son contundentes. Las cárceles de Colombia tienen capacidad para recibir a 80.203 personas y al día de hoy atienden una población de 119.7653 reclusos. Es decir, una sobre población de 39.450. 115 establecimientos carcelarios presentan hacinamiento.
Del total de reclusos solo hay 81.425 condenados, el resto son sindicados, es decir, personas que no han terminado su proceso judicial y que en muchos casos pueden mantenerse en esa condición durante varios años.
En este sentido, Farid Benavides, ex viceministro de Justicia, explicó que en varias leyes se ha intentado que los municipios se apersonen de los sindicados y que no le dejen esa responsabilidad al Estado, pero “siguen siendo muy reacios porque dicen que esto genera problemas de seguridad y de degrada-
ción del entorno urbano”.
En ese vaivén, sin soluciones de fondo, los centros penitenciarios parecen bombas de tiempo. Sobrepoblación, extorsión, dirección de delitos desde su interior, malas condiciones de salud, de alimentación y un sistema en el que la corrupción es protagonista.
¿Más cárceles?
El primer pensamiento puede indicar que la solución es construir nuevos centros penitenciarios. Esto, aunque puede parecer lógico, no resuelve el problema de fondo y deja de manifiesto la imposibilidad de sacrificar presupuesto de temas de mayor impacto social y de mejor imagen para los gobiernos.
Surge entonces la posibilidad de construir cárceles mediante Alianzas Público Privadas (APP) o por concesiones, un tema del que históricamente se ha hablado pero que apenas comienza a explorarse.
El año pasado el Departamento Nacional de Planeación presentó una serie de proyectos por APP, entre los que estaban la creación de 8.000 nuevos cupos distribuidos en nueva infraestructura en Uramita (Antioquia) y Barrancabermeja (Santander). También, una nueva cárcel en Popayán.
En estos proyectos el avance es mínimo. Según el Ministerio de Justicia se encuentran en etapa de ejecución y de revisión de viabilidades. Iniciativas de este tipo inyectarían recursos de terceros al sistema penitenciario, lo cual implicaría que en Colombia se implemente un modelo mixto de administración como sucede con éxito en Estados Unidos, pero no es nueva.
Se habla desde el siglo pasado, cuando la Corte Constitucional declaró el “estado de cosas inconstitucional” en las prisiones alegando hacinamiento, graves deficiencias de servicios públicos y asistenciales, violencia, extorsión y la corrupción. Situaciones que se mantienen.
No obstante, este año la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales liderada por los alcaldes de las 32 ciudades del país, entregaron un documento a los candidatos a la Presidencia en ese momento en el que pedían acabar el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) y construir cárceles que aporten 80.000 cupos.
Sin embargo, para Benavides, este tipo de alianzas generan muchos sobre costos, ya que construir una cárcel a través de una APP cuesta 17 veces más que una cárcel pública.
El asunto, según el ex viceministro, es que construir más cárceles no soluciona el problema: “si se construye una cárcel para 4.000 personas cuando la inaugure ya está hacinada, porque el crecimiento anual de nuevos reclusos es de 10.000”.
Un tema que “no da votos”
La pregunta es, si es una necesidad conocida ¿por qué no se han dado soluciones? Hugo Acero, experto en asuntos carcelarios y exsecretario de Seguridad de Bogotá, durante 9 años, sostuvo que “es fácil decir que la política va dirigida a menos cárceles y
más prevención, pero hay que tener en cuenta que en Colombia hay casi 120.000 detenidos y el hacinamiento es cercano al 50 %. Si el gobierno dice que va a privilegiar la prevención, esta es una política de largo plazo y mientras tanto ¿Qué hacer con toda la gente que van a seguir entrando?”.
La explicación, a su juicio, es que es “un tema que no da votos y genera dudas al estado. Todos quieren meter gente a la cárcel pero nadie quiere invertir en ellas, es una gran contradicción”, subrayó Acero.
Destacó el caso de Medellín con la cárcel de El Pedregal, por invertir en infraestructura y las obras de la nueva prisión en Yarumal al norte de Antioquia. “Mede- llín invierte 12.000 millones en este tema y tiene un gran grupo de profesionales que trabaja en las cárceles, trabajadores sociales, gente en la resocialización”, dijo.
Por ejemplo, para Benavides la solución es una mejor política criminal, que no ingrese por todos los delitos a la cárcel, acompañada de una buena política pública de seguridad que permita que las personas vivan en un estado de bienestar. Que no necesiten delinquir.
Qué dice el Gobierno
Buscar las salidas a la situación en las prisiones de Colombia es uno de los retos que afronta el nuevo Gobierno. Construir cárceles, cupos o enfocar la estrategia en la resocialización y en las labores investigativas contra el crimen organizado, son las posibilidades que tiene.
Para Juan Francisco Espinosa, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, el problema del hacinamiento en las cárceles no se limita a la construcción de nueva infraestructura, el país ha tenido un problema de disminución de la oferta, lo que ha llevado a que cada día haya menos cupos disponibles por problemas de mantenimiento.
“Somos un país con oferta creciente. Además, nos gusta que la gente pague cárcel y la gente reclama más dureza en las penas. Esto genera demanda, somos un país policivo. La curva de la oferta no acompaña la de la demanda, eso significa que cada día que pasa tenemos un incremento en la
problemática carcelaria.”, señaló el viceministro.
Según el informe final del Ministerio de Justicia del gobierno de Juan Manuel Santos, durante los ocho años de mandato se crearon 15.861 cupos carcelarios.
Espinosa sostiene que aunque el Gobierno tiene establecido crear más, eso generaría dos efectos inmediatos: sacrificar inversión social y darle más incentivos a la demanda. “Se especula mucho frente a construir cárceles o no, debemos plantearnos si queremos ser un país que invierta recursos en cárceles y no en educación o salud”, dijo.
Benavides consideró “nos estamos enfrentando a dos modelos, el de la cárcel gringa que es muy pesada, de máxima seguridad, y el modelo europeo más liviano y económico, de mediana y mínima seguridad. En Colombia solo hay 4.000 criminales que necesiten una cárcel de máxima seguridad, el resto pueden estar en otros modelos”.
Ir por el crimen organizado
El viceministro informó que la política que está trabajando el Gobierno se concentra en atacar el crimen organizado, bus- car sus negocios ilegales por encima del ciudadano de a pie, ajustar la política criminal y atacar el lavado de dinero, el testaferrato y los bienes que obtuvieron ilegalmente.
“Sí vamos a construir cupos porque el país los necesita, pero tenemos pendiente una discusión gigante, si las personas que están privadas de la libertad sí son las que deberían de estar. Por todo esto decimos que vamos duro contra la parte de arriba de las organizaciones criminales, contra los dueños del negocio”, afirmó Espinosa.
Colombia es un país que según la Constitución Política pretende que las personas que ingresan a la prisión salgan resocializadas y útiles para la sociedad, fundamento que se cumple muy poco realmente. Este es un problema grueso y para arreglarlo no existen fórmulas mágicas, requiere que el sector privado también se comprometa.
Sin embargo, este argumento contrasta con la política de “el que la hace la paga”, que en el primer mes del presidente Iván Duque dejó 18.600 personas detenidas por sospecha de diferentes conductas, en delitos como narcotráfico, secuestro, extorsión, microtráfico, minería ilegal, entre otros