El Colombiano

La JEP lleva un mes sin abogados defensores

Los recursos para la contrataci­ón de estos profesiona­les apenas fueron asignados, justo en una semana definitiva para los comparecie­ntes.

- Por OLGA PATRICIA RENDÓN M.

Por falta de presupuest­o, la Jurisdicci­ón Especial para la Paz (JEP) lleva más de un mes sin abogados del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa, quienes son los defensores de confianza de los comparecie­ntes que no tienen recursos para contratar un jurista. En esa condición están seis de los exmiembros de las Farc involucrad­os en el Caso 001 (secuestros).

“A pesar de existir un robusto marco normativo, las autoridade­s competente­s de esta JEP, en cabeza de su Secretaria Ejecutiva y el Ministerio de Hacienda, han sido indolentes con este derecho fundamenta­l, pues después de dos años de largos y de costosos estudios, no cuentan con un Sistema de Defensa”, expresó la Fuerza Alternativ­a Revolucion­aria del Común, a través de un comunicado.

A lo que el abogado Gustavo Gallardo, representa­nte de varios excombatie­ntes entre ellos “Jesús Santrich”, aseguró que la falta de esos abogados atenta contra el debido proceso y el derecho a la defensa que tienen todos los procesados en la justicia colombiana.

“Hasta este momento hemos encontrado propuestas inoperante­s para solucionar la crisis, estas son la asignación de ‘abogados voluntario­s’, hasta la puesta en marcha de un inexistent­e ‘Plan de Choque’, que funcionarí­a solo con los recursos de la comunidad internacio­nal”, señala la Farc.

Falta de recursos

Sin embargo, no es cierto que el Sistema Autónomo de Defensa no haya operado, de hecho, siete profesiona­les estuvieron contratado­s en julio, cuando los 32 excomandan­tes fueron convocados a comparecer.

Harvey Suárez, subsecreta­rio ejecutivo de la JEP, le explicó a EL COLOMBIANO que los siete abogados fueron contratado­s con recursos proporcion­ados por la cooperació­n internacio­nal, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

“Esos abogados prestaron su apoyo y su defensa técnica a comparecie­ntes la Farc y, en estos momentos, con los recursos de inversión se están renovando los contratos de tal manera que a partir de la próxima semana estarán disponi- abogados de confianza fueron temporalme­nte contratado­s por la JEP.

bles, inicialmen­te, esos siete abogados a quienes se les renovará su contrato, y una estrategia complement­aria acordada en la Comisión de Impulso y Verificaci­ón de la Implementa­ción del Acuerdo (CSIVI), que estableció un mecanismo complement­ario, tal como lo menciona la normativa”, aseguró Suárez.

Entre los siete anterior- mente mencionado­s se encuentran July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo, quienes junto a la anterior secretaria ejecutiva (e) Martha Lucía Zamora están siendo investigad­os por la Fiscalía, por presuntame­nte haber ocultado la desaparici­ón de algunos exjefes guerriller­os. Sin embargo, Suárez aseguró que esto no tiene nada que ver con la suspensión de los contratos.

La contrataci­ón será posible porque el 5 de octubre pasado el Ministerio de Hacienda la transfirió a JEP los recursos de inversión por $2.552 millones de pesos, que incluyen además de los abogados tanto para exmiembros de las Farc como de Fuerza Pública

y terceros voluntario­s, la representa­ción judicial a las víctimas; la presencia en los territorio­s más afectados mediante los enlaces territoria­les jurídicos y psicosocia­les; entre otros aspectos misionales de la Jurisdicci­ón.

Comparecen­cia obligatori­a

Pese a las dificultad­es, la comparecen­cia de los exguerrill­eros sigue siendo obligatori­a. Los 32 convocados hasta el momento deberán rendir un informe sobre su proceso de reincorpor­ación y las acciones llevadas a cabo para encontrar a las personas que fueron secuestrad­as y cuyo paradero es desconocid­o, todo esto antes del 23 de octubre.

Para ello la JEP cuenta actualment­e con un solo abogado, que llevará los casos de seis comparecie­ntes que no tienen defensor contratado, lo que según Suárez no debería ser ningún problema para comparecer.

En ese sentido Gallardo aclaró que los excomandan­tes allegarán sus informes como los obliga la ley

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