UN MAÑANA DE VIEJOS POBRES
Caminamos hacia el precipicio desde el comienzo, pero algunos finales son mejores que otros. Sin embargo, parece que entre acuerdos de paz y otras concesiones al narcoterrorismo a nadie con responsabilidades de Gobierno se le ha ocurrido que Colombia no puede seguir soportando una tasa de informalidad como la actual. No se trata de ser un agonías, saben que detesto a los agoreros, pero ya es hora de que pongamos las cartas sobre la mesa.
En el lustro entre 1986 y 1990, la esperanza de vida media en Colombia fue de 67,87 años, según los datos del Dane.
En 2016, este indicador subió hasta llegar a 74,38 años. Ese año, la esperanza de vida de las mujeres fue de 78 años, mayor que la de los hombres, que se quedó en los 70,85 años.
De una lista de 192 países, Colombia ha pasado de ocupar
el puesto 91 en 2015 al 89 en 2016. Esto quiere decir que se sitúa aproximadamente en la parte media del ranquin de países por esperanza de vida, aunque su margen de crecimiento es superior al de la mayoría de naciones vecinas. De hecho, de acuerdo a un estudio realizado por Fedesarrollo y la Fundación Saldarriaga Concha en 2015, el número de habitantes viejos en el país, que actualmente ronda los 5,2 millones de personas, para 2050 llegará a 14 millones. Esta situación dibuja un escenario con nuevos desafíos no sólo para el sistema de salud, sino también para el de pensiones y subsidios a esa población anciana que, con toda probabilidad, sobrepasará los 80 años sin demasiados recursos en los bolsillos.
Y es que la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas colombianas fue de un 46,8 % para el trimestre móvil junioagosto de 2018. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, esta tasa alcanzó un 48 %. En estos tres meses, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron Cúcuta (68,0 %), Sincelejo (65,2 %) y Santa Marta (62,6 %). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron Manizales (38,5 %), Bogotá D.C. (41,1 %) y Medellín (42,1 %).
El 92,2 % de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en el período junioagosto de 2018 aseguraron estar afiliados a seguridad social en salud, lo que significó una disminución de 1,3 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior (93,5 %). En cuanto a la aportación al sis-
tema de pensiones, la proporción de ocupados cotizantes fue de un 51 % para ese mismo trimestre, ligeramente por encima de la alcanzada en el mismo periodo de 2017.
El 58 % del total de la población ocupada entre esos meses pertenecía al régimen contributivo o especial como aportante. El 11,1 % del total de la población ocupada cotizaba al régimen contributivo o especial como beneficiario y un 22,6 % de los ocupados pertenecía al régimen subsidiado.
Más dramática aún es la situación en el campo, en un país en el que, no lo olvidemos, el 20 % de la población habita en áreas rurales, según el Banco Mundial. Allí, ocho de cada 10 personas que realizan alguna actividad laboral están en la informalidad, es decir, tienen un empleo que les permite generar ciertos ingresos, pero que no contribuye al bienestar ciudadano, puesto que no cuenta con afiliación a la seguridad social ni ofrece estabilidad laboral.
Mientras la población envejece sin un colchón mínimo con el que afrontar la que será una larga y penosa etapa de su vida, condenados a vivir de los subsidios, los políticos son incapaces de atajar el drama de la economía sumergida y de concienciar a la población de la necesidad de cotizar al sistema de pensiones. Cierto es que cada cual es responsable de sus actos y de su futuro, pero también que cuando casi no alcanza para comer hoy, es imposible guardar algunos granos para el invierno.
Acaben con la informalidad o pronto habrá millones de ancianos vagabundos por las calles. Así de crudo