“Tras un año del mayor traslado de tropas a una región, es imperativo que ese municipio de Nariño y del Pacífico muestre mejorías definitivas en seguridad y desmonte de los grupos criminales”.
Tras un año del mayor traslado de tropas a una región, es imperativo que ese municipio de Nariño y del Pacífico muestre mejorías definitivas en seguridad y desmonte de los grupos criminales.
El 19 de octubre de 2017, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció el envío de 2.000 efectivos militares al municipio de Tumaco, Suroccidente de Colombia, con el fin de reducir la acción de los grupos armados ilegales y del narcotráfico, asumir el control de los cascos urbanos y garantizar seguridad a los líderes sociales. Un año después, las amenazas a los activistas continúan, la intranquilidad en el puerto sigue y las guerrillas residuales y las bandas criminales mantienen su presencia intimidante y el tráfico de alcaloides.
Las noticias lo corroboran: el pasado lunes la Armada Nacional decomisó 940 kilos de cocaína que, según su reporte, pertenecían al grupo “Oliver Sinisterra”, al mando de alias “Guacho”. Entre tanto, los alumnos de las veredas más alejadas del casco urbano de Tumaco se quejan por las continuas faltas de los maestros, frente a lo cual los docentes aducen limitaciones de transporte y el temor inevitable dado que se mueven en medio de por lo menos 12 facciones ilegales identificadas por la Fiscalía en ese territorio.
A la par, el 3 de julio se reportó el homicidio de la lideresa Margarita Estupiñán, de 54 años, en la vereda El Vaquerío. Pero ella es una entre los 20 líderes sociales asesinados en ese municipio entre enero de 2016 y agosto de 2018.
El presidente Iván Duque inició su gobierno con una visita al puerto y su compromiso firme de que combatiría a los ilegales mediante la campaña “el que la hace, la paga”. Una de sus frases del 10 de agosto pasado tuvo un desti- natario muy claro: “A alias ‘Guacho’ se le acabó la guachafita”. El presidente advertía, como lo refrenda la oleada de asesinatos y delitos ocurridos, que la situación de Tumaco era y es crítica.
Se trata de una zona de frontera estratégica con Ecuador que durante los noventa y principios de este milenio fue objeto de control e interdicción militar por parte del Ejército de Estados Unidos, que hoy mantiene su asesoría y respaldo a las Fuerzas Armadas de Ecuador y de Colombia en el área.
En este territorio de selvas y costas inhóspitas delinquen reductos de las disidencias de las Farc, células del Eln y escuadras del Clan del Golfo y otras bandas surgidas de la dinámica y presencia de las redes internacionales de narco- tráfico, nutridas incluso por guatemaltecos y mexicanos.
Más allá del enigma sobre la suerte de Wálter Arizala, alias “Guacho”, a quien se dio por herido de gravedad en un operativo militar, un mes atrás, la ciudadanía de esta parte de la frontera con Ecuador empieza a reclamar resultados por parte del Gobierno Nacional: operaciones, capturas, decomisos, desmonte de estructuras y seguridad para sus líderes y las comunidades rurales y urbanas.
La gente agradeció la disposición del presidente Duque para atender con prontitud sus demandas, y ahora quiere ver planes concretos no solo de recuperación del orden público y la seguridad, sino también y esencialmente de inversión social y de mejoramiento de la infraestructura y del equipamiento público.
El caos y la zozobra en que han vivido los tumaqueños durante los últimos diez años, además de un abandono secular, deben empezar a ceder ante un Estado que robustece su dominio y soberanía en ese territorio, pero que lo hace en una doble vía: la del combate militar a los factores y actores del conflicto armado, y la del afianzamiento y la eficacia legal e institucional