Piloto de fumigación con drones arrancó con reparos campesinos
Gobernación pretende erradicar 130 hectáreas en 45 días. Asociaciones locales critican el plan
Tras la consecución de las pólizas que cubran las posibles afectaciones de la fumigación, empezaron ayer las aspersiones con glifosato mediante drones en cultivos ilícitos en los municipios de Valdivia, en el norte; Tarazá y Cáceres, en el Bajo Cauca.
Se trata de un plan piloto adelantado por la Gobernación con dos drones que operarán durante 45 días con una meta de 130 hectáreas erradicadas (promedio de 1,4 hectáreas al día por dispositivo).
Según la Gobernación, la Dirección Antinarcóticos suministra el glifosato y la Fuerza Pública se encarga de la operación de los drones que son alquilados por una empresa privada. El alquiler diario cuesta $1,2 millones por equipo. La operación tiene un tercer dispositivo de reserva.
Lina Marcela de los Ríos, gerente de Antioquia Libre de Coca, explicó que pese a la adquisición de los seguros que pagará el privado, su operación depende del clima. Dijo que las coordenadas de fumigación son de conocimiento exclusivo de la Fuerza Pública.
“En el plan piloto de Tumaco se fumigaron 4,1 hectáreas por dron pero en terreno plano. Además, por condiciones climáticas no se pudieron elevar durante ocho de los 45 días del plan. Al final, Antioquia evaluará su impacto y el costo-beneficio para determinar si continúa en 2019”, dijo.
El gobernador Luis Pérez afirmó, por su parte que se suscribieron pólizas por “si se llega a perjudicar a algún vecino que se queje porque le están echando glifosato a sus matas” e indicó que “la fumigación será a dos, tres metros de altura, en el lugar exacto definido por geolocalización”.
Protesta campesina
William Muñoz, presidente de la Asociación Campesina del Bajo Cauca (Asocbac), movimiento que integra comunidades de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre, Zaragoza e Ituango, dijo que no comparten las fumigaciones con glifosato porque este “veneno esteriliza la tierra, contamina y no deja crecer los cultivos de pancoger”.
Manifestó su preocupación porque en el corregimiento de Puerto Valdivia y en el municipio de Tarazá, dos de las posi-
bles zonas de fumigación con drones, se están implementando programas de sustitución. “Tirar glifosato sería acabar con estos cultivos, la sustitución fracasaría”, contó.
Pidió a la Gobernación y al Gobierno Nacional articular los programas Antioquia libre de coca y el Programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito. “Dicen que los drones contaminan menos pero no deja de ser glifosato y los campesinos no tenemos sino dos o tres hectáreas. Si tiran veneno la tierra queda contaminada”, añadió.
Jorge Ríos, líder de la Asociación Campesina Unidos del Río Nechí, criticó que la Gobernación no haya adelantado una socialización. “Va en contra del medioambiente, pueden cambiar glifosato por cualquier veneno, pero no utilizan una dosis como la que usa un campesino contra
la maleza”, dijo Ríos.
Contó que pese a los acuerdos adquiridos para la sustitución de cultivos (con piña, yuca y plátano, entre otros) y al desarrollo de proyectos productivos, estos no se han cumplido. “La gente se está desplazando de las fincas donde ya fumigaron y se mete en otras porque no han cumplido con los pagos”, reprochó.
La gerente De Los Ríos respondió que el piloto con los drones tiene una segunda etapa, al término de los 45 días de aspersión, en los que un comité interdisciplinario tomará muestras para mirar el impacto que, señaló, es análogo a la fumigación terrestre.
“No tenemos reportes de afectaciones porque se garantiza aspersión de precisión. El dron fumigará áreas específicas por lo que no tiene porque afectar predios vecinos, no es como una avioneta. Igual haremos análisis de suelos y de agua para que la gente esté más tranquila”, afirmó.
Matas de coca, al alza
Según los registros de la Gobernación, pese a que desde 2017 fueron erradicadas 15.000 hectáreas de coca en el departamento, aún hay 13.681 hectáreas sembradas (último reporte del 31 de diciembre de 2017).
“El problema es gravísimo, los bandidos son muy ágiles”, señaló el gobernador.
De los Ríos indicó que pese a que se solicitó un nuevo registro con corte a agosto, este no se ha podido realizar y los datos actuales son inciertos. “Tener datos obsoletos es trabajar con ojos vendados”, dijo.
Dijo que la Gobernación tiene en curso la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real, basado en imágenes con alta resolución.
“La otra alternativa es dotar con sensores un avión de la Policía para hacer sobrevuelos e inspecciones puntuales. Estamos en esa evaluación”, concluyó