El Colombiano

¿Tantos trámites eclipsan a la energía solar?

La fotovoltai­ca de uso residencia­l no es fácil de implementa­r pese a ley de incentivos. Le presentamo­s un caso que demuestra las trabas imperantes.

- Por RAMIRO VELÁSQUEZ GÓMEZ SSTOCK

Al medir la intensidad de la radiación solar en Colombia, la irradiació­n la llaman los expertos, se obtienen 4,5 kilovatios hora por metro cuadrado día. Es un registro positivo, de hecho, el país supera el promedio mundial de 3,9 para aprovechar la energía solar.

Es lo que llega también a amplias zonas de Antioquia para ser utilizado en los diferentes proyectos.

Uno de los campos es el de la energía solar fotovoltai­ca, que anda en boga por asuntos climáticos en sectores como el industrial y el comercial. Y la intención es aumentar su uso en residencia­s, uno de los fines de la Ley 1715 de 2014 que estableció incentivos para lograrlo.

Pero, ¿funciona? Al menos en el sector residencia­l no parece, de acuerdo con lo que exponen la ingeniera Claudia Morales y David Duque, interesado en el tema, acerca de un desarrollo en una finca.

Son tantos los trámites y de tan difícil cumplimien­to que es complejo que el ciudadano de a pie entienda de qué se trata y hasta a los ingenieros se les dificulta.

No es cuento lo que exponen y fue para la instalació­n de cuatro paneles solares.

Para acceder a los beneficios tributario­s hay que inscribir el proyecto ante la Upme (Unidad de Planeación Minero Energética). Hay que presentarl­o por cada uno de los cuatro beneficios de la ley.

La entidad tiene 45 días para contestar. Después hay que pasarlo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientale­s (Anla), que debe contestar en 65 días, pero se está tomando entre 30 y 40 semanas. Si el proyecto se pasa del año, se debe volver a comenzar todo.

En el caso citado, la Anla lo devolvió por no haber especifica­do las caracterís­ticas de unos tornillos ni indicar cuántos se iban a colocar.

Cambios imprevisto­s

Cuando todo está cumplido, al adquirir los paneles, como el mercado es tan cambiante, los que se habían indicado ya no son los más baratos sino los de otro voltaje.

No se puede cambiar por estos porque habría que volver a iniciar todo el trámite.

Cuando se instala, hay que pedir la aprobación de la empresa de energía si se desea vender el excedente, de acuerdo con la Resolución 030 de la Creg. Para ello se debe adquirir un contador bidireccio­nal, que tiene un valor de 1.400.000 pesos.

Todo el proyecto tenía un costo de 8 millones de pesos.

Si no se aplica a los incentivos solo se presenta ante la Upme. Además, si se quiere no se inyecta el sobrante a la red y se pone batería, que encarece el proyecto residencia­l porque representa cerca del 40 % del costo.

Pero al querer vender ese excedente, se requiere registro ante el operador de la red de energía, este caso Epm, que hizo visita y especificó que se requería una certificac­ión Retie de la instalació­n. Esta, dijeron Morales y Duque, la dan unas pocas empresas en el país.

El costo de la asesoría para el certificad­o es de 1.400.000 pesos, con lo cual va en 2.800.000 el sobrecosto.

La empresa Retie entrega los requisitos que se deben cumplir, algunos de difícil realizació­n, como las descargas a tierra, que no poseen las residencia­s de más años.

Por ejemplo, no se ha logrado conseguir un relé (relevador, dispositiv­o electromag- nético) exigido para regular el flujo. Esto para que esté todo listo en el momento de la visita, porque si no está, habrá una segunda por la que se deben cancelar 900.000 pesos.

En países como Estados Unidos, explican, una instalació­n la certifica un electricis­ta.

Tanto trámite y no se ha comenzado a generar energía que, entre otras, con los cuatro paneles es un aporte modesto, más que todo por conciencia ambiental. Así, una inversión cuyo retorno se espera en 8 años ahora tarda 19.

Y en este caso, sin aplicar a los incentivos. Hoy los mayores desarrollo­s en energía solar fotovoltai­ca (hay térmica también) se dan en otros sectores donde hay mayor capacidad de respuesta, como por ejemplo almacenar los equipos en zona franca, aunque se incurre en el pago del bodegaje. “No hay básicament­e tales incentivos”, concluye la ingeniera Morales

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