EDITORIAL
El respaldo del Gobierno Nacional para Medellín y el departamento anima a reforzar las medidas que permitan frenar indicadores de violencia que vienen en alza. El énfasis: “no más oficinas”.
“El respaldo del Gobierno Nacional para Medellín y el departamento anima a reforzar las medidas que permitan frenar indicadores de violencia que vienen en alza. El énfasis: ‘no más oficinas’”.
El presidente de la República, Iván Duque, sintoniza con la idea y el objetivo de que en Medellín, el Valle de Aburrá y Antioquia, las estructuras criminales sean desplazadas de barrios, territorios rurales y negocios ilegales, y “legales”, mediante los cuales han ocasionado graves daños a la región. No puede ser tal su presencia y reto al Estado que aún tenga vigencia el uso de la palabra “oficinas”, como si esas organizaciones gozaran de tal influencia e intimidación sobre la sociedad antioqueña.
La extradición es un mecanismo posible y plausible que debe aprovecharse para acabar el influjo que algunos capos criminales, incluso después de capturados, mantienen desde las cárceles sobre los grupos y dinámicas del bajo mundo en el área metropolitana y el departamento.
La visita del mandatario de los colombianos para examinar la situación de algunos barrios de Medellín y de municipios del Norte de Antioquia envía un mensaje claro: lograr en Medellín —y ojalá en la región— los más bajos índices de homicidios, entre otros indicadores importantes de seguridad y convivencia.
Se sabe que la capital an- tioqueña en lo que va de 2018 supera las tasas de 2017, en un 10 %, con 488 asesinatos al 17 de octubre.
Este año la ciudad ha afrontado crisis en sectores como Comuna 13 y Altavista y tiene en su Centro el escenario con el mayor número de homicidios. El asesinato de conductores de servicio público y las retaliaciones entre facciones del crimen organizado son parte de los fenómenos que inquietan a la ciudadanía.
Pero, con base en las visitas y el interés en los pormenores de los altibajos de seguridad de Medellín, además del reciente envío de 600 efectivos más de la Fuerza Pública al Bajo Cauca, hay que confiar en que el Gobierno Nacional busca de la mano de la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía, desarrollar estrategias que conviertan a Medellín en laboratorio y modelo de intervención contra las bandas criminales y las ollas de vicio.
La visita de Duque Márquez a Barrio Antioquia (o Trinidad), donde operan históricas redes de microtráfico, para alentar una ofensiva real y dar un mensaje simbólico a la comunidad de combate a los expendores de alucinógenos, abre las puertas a que estos entables delincuenciales desaparezcan de un vecindario estigmatizado por culpa de esos mercaderes de muerte y auspiciadores de ilegalidad.
En editorial del fin de semana pasado se respaldó la presencia del Ejército en los barrios, bajo estricto respeto de los derechos humanos y sin sobrepasar los límites constitucionales de sus tareas y roles. No puede ser, hay que reiterarlo, que ante una urbe todavía tan asediada por empresas criminales se considere que es mejor la pasividad de los batallones que la activa presencia de los soldados en las calles, en respaldo a las operaciones y labores que competen a Policía y Fiscalía.
La desarticulación de combos y bandas, mediante una autoridad firme y monolítica en inteligencia e investigación judicial y en penetración operativa y control policial, sumada a la inversión social y de cultura ciudadana, debe proyectar en el tiempo resultados y cambios importantes para el departamento y la ciudad.
De articular instituciones y niveles de gobierno, debe quedar claro que las únicas oficinas que necesita y que le convienen a la sociedad antioqueña son las asociadas a la legalidad y el trabajo honesto