Lo poco que quedó de la reforma a la justicia
Cambio extremo sufrió este proyecto presentado por el Gobierno al Senado de la República. ¿Con lo decidido sí hay una transformación?
Con tumbos transitó la iniciativa los dos debates en el Senado de la República. Poco quedó de la idea original. Al Gobierno le tumbaron 14 artículos en la discusión.
De lo que el Gobierno pretendía que le aprobaran como reforma a la justicia solo quedan un puñado de propuestas que no transformarían de fondo la rama judicial.
Los motivos son varios. Primero, del documento original que presentó el Gobierno quedan pocos elementos. Las discusiones llevaron a desechar propuestas y a ajustar otras como los senadores fueron decidiendo.
Segundo, para muchos congresistas la reforma no ataca realmente los problemas de la rama judicial. Incluso, hay quienes afirman que el Congreso no es el escenario idóneo para adelantar estas modificaciones a la Constitución y plantean que sería mejor una Asamblea Nacional Constituyente.
Y tercero, el Partido Conservador en un comunicado de prensa justo a minutos de comenzar el segundo debate en el Senado, ya había denunciado “falta de liderazgo y coordinación” del Gobierno en el trámite y en las conversaciones con el legislativo.
Metamorfosis de la reforma
“El proyecto del Gobierno busca garantizar que los jueces, y en especial los magistrados de las altas cortes, sean el referente ético de la sociedad. En este punto se propone la eliminación de las facultades electorales de las altas cortes, el fortalecimiento del marco de inhabilidades para magistrados y altos dignatarios”, dijo la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.
Sobre esto, se mantienen iniciativas como aumentar el tiempo de los magistrados para ejercer en las altas cortes a 12 años. Deberán tener 25 años de experiencia en derecho y tener como mínimo 50 años de edad.
Pero lo sustancial fue eliminado de la propuesta. 17 artículos fueron suprimidos del documento inicial, 14 de ellos propuestos por el Gobierno. Un reflejo de la transformación que sufrió la reforma en el Senado.
El Tribunal de Aforados que analizaría casos penales del presidente de la República, el fiscal general, magistrados y altos funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue suprimido. También la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, ente
con una funcionalidad cuestionada fue de lo primero en caer de la reforma.
También fueron fracasando en la discusión temas como la reglamentación de la tutela; eliminación de las contralorías regionales, por ineficaces y permeadas por la corrupción. Esto llevó a varios a decir que ya no era la reforma que el Gobierno Duque buscaba. Uno de ellos el senador Germán Varón, quien además es ponente. “Puede llegar a ser aprobada. La pregunta es si el Gobierno realmente está interesado. Van solo dos debates y ya le quitaron todo lo que era medianamente importante o podía generar soluciones para la justicia. Pasó a ser una reformita”, dijo.
Eduardo Enríquez Maya, presidente de la Comisión Primera del Senado, propuso crear una comisión constitucional permanente para este
tipo de reformas, que estudie exclusivamente la justicia. “Esto ya no tiene nada que ver con reformar la justicia. ¿Vamos a solucionar el hacinamiento carcelario con esto? ¿ Vamos a resolver la congestión de procesos judiciales con esta reforma?”, preguntó Maya.
En plenaria del Senado ayer miércoles, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, defendió lo que queda de reforma. “Con modificaciones como la del Consejo Superior de la Judicatura vamos a insistir, hace un mes hemos expresado que la reforma es un proceso que no se agota con este acto legislativo”, indicó.
Para el Constitucionalista Juan Manuel Charry, “muchas cosas no llegaron a feliz término, porque el Congreso no tuvo comunicación ni coordinación. Me parece que le ha faltado más fuerza al Gobier-
no para temas tan difíciles como este. Necesitan una gran coordinación y mayorías con los sectores”.
¿Asamblea Constituyente?
El hundimiento de la reforma o sus tropiezos en el Congreso reviven el debate de si es más viable hacer estos cambios constitucionales a la rama judicial mediante una Asamblea Nacional Constituyente.
Juan Carlos Vélez, exsenador que impulsó esta idea en el pasado opinó que “es imposible tramitar una reforma a la justicia en el Congreso. Propuse modificar la justicia con la Asamblea Constituyente porque no hay riesgo”.
Charry también es partidario de este mecanismo, “porque el Congreso está sujeto a múltiples controles por parte de judiciales, los congresistas no tienen independencia para reformar la justicia”