EDITORIAL
Los hechos del pasado jueves ilustran la línea que separa la protesta social, las manifestaciones legítimas por causas sociales, de la comisión de delitos, algunos de ellos contra la prensa.
“Los hechos del pasado jueves ilustran la línea que separa la protesta social, las manifestaciones legítimas por causas sociales, de la comisión de delitos, algunos de ellos contra la prensa”.
Este año ha sido motivo de discusión en Colombia el relativo a la protesta social. Hay que recordar que en el acuerdo final entre el Gobierno anterior y las Farc, se incluyeron varias disposiciones atinentes al levantamiento de sanciones penales a quienes estuvieran procesados o condenados por conductas que para la guerrilla eran manifestaciones legítimas de protesta social, pero que para los jueces eran constitutivas de delitos como sabotaje, daño en bien ajeno, destrucción de bienes públicos, agresiones y lesiones a funcionarios públicos, etc.
Antes de posesionarse como ministro de Defensa del actual Gobierno, e incluso antes de conocer su nombramiento, el entonces dirigente gremial Guillermo Botero Nieto manifestó que había necesidad de regular normativamente la protesta social, de modo que se diferenciara el derecho de reunión y manifestación para la reivindicación de demandas legítimas por parte de colectivos y grupos sociales, de aquellas otras donde lo que se buscaba era destrucción de bienes públicos y afectación de derechos de la comunidad.
La sola propuesta generó ruido y fue en gran medida tergiversada, de modo que se hizo aparecer como una propuesta que apuntaba directamente a criminalizar la protesta social. Luego, ya como ministro de Defensa en ejercicio, Botero Nieto agregó que muchas de las marchas sociales tenían infiltración y financiación de grupos ilegales y eso contaminó, de nuevo, la discusión.
Lo que se vivió en Bogotá el pasado jueves, y en otras ciudades del país, pone sobre la mesa la desnaturalización de las movilizaciones sociales cuando en ellas se incorporan decenas o cientos de personas cuyos objetivos son de directo sabotaje, daño y agresión.
Muchos grupos movilizadores de manifestaciones consideran desde hace tiempo que para ser escuchados hay que hacer el máximo despliegue de fuerza intimidatoria y, de paso, generar afectación a grandes grupos de la sociedad para generar presión sobre los gobiernos. Estos, por su parte, al ceder a esas manifestaciones de fuerza, abonan el camino para que ese mecanismo se torne en costumbre.
Al actual Gobierno le va a tocar asumir las movilizaciones que quieren reivindicar mayor financiación para la educación pública. Es una aspiración legítima, una demanda razonable. Como legítimo es invitar a un debate civilizado y argumentado donde se mues- tren cifras de eficiencia, eficacia y transparencia en los gastos e inversiones de las universidades públicas. Se puede pedir mayor aporte público pero, correlativamente, se debe mostrar a la sociedad buen uso y manejo de esos recursos.
Hay cuestiones que los organizadores, promotores y participantes de las marchas habrán de abordar: la afectación del normal transcurso de las jornadas académicas, con posible cancelación del semestre universitario, y la participación de elementos violentos que afectan el ejercicio legítimo a la protesta.
Miles de habitantes de Bogotá se vieron afectados, sin transporte para llegar a sus casas. Pero especial gravedad reviste el ataque, repetido, a la sede de RCN Radio y a los agentes de la Policía que la resguardaban, con lanzamiento de artefactos incendiarios contra uno de ellos. Es un atentado muy grave contra una empresa respetable, un medio de comunicación y sus empleados. Las autoridades y la Fiscalía deberán honrar su palabra y dar con los responsables de este atentado que no se deriva de una protesta social, sino de acciones delincuenciales que buscan amedrentar el ejercicio legítimo del periodismo y la libertad de opinión