Trump endurece reglas para el asilo

Los migrantes que ingresen irregularmente a EE. UU. no podrán solicitar asilo, dice nuevo decreto.

Un decreto presidencial excluirá de este tipo de solicitudes a los migrantes ilegales. La medida busca frenar la caravana centroamericana.

Donald Trump tiene prisa para tomar decisiones antes de que se posesione el nuevo Congreso en enero de 2019. El miércoles pasado el mandatario estadounidense retiró del cargo al Fiscal General Jeff Sessions. Dos días después, anunció un decreto ejecutivo para impedir que los migrantes que ingresen ilegalmente a ese país puedan obtener asilo.

Con esto el mandatario pasa de las declaraciones a la acción legal contra la caravana de 10.000 personas centroamericanas que desde mediados de octubre avanzan hacia EE.UU. con la pretensión de pedir refugio.

Ambos anuncios se dan en la semana posterior a las elecciones legislativas en las que los demócratas le arrebataron al gobierno la mayoría en la Cámara. Para David Castrillón, profesor de política internacional de la U. Exter- nado son movidas para ganar terreno antes de la posesión del nuevo legislativo.

Asunto de seguridad

De acuerdo al nuevo decreto, aunque los miembros de la caravana de migrantes –en su mayoría hondureños y salvadoreños– lograran entrar ilegalmente a Estados Unidos, pese a los 5.200 soldados que fueron enviados por el presidente republicano a la frontera, no podrían quedarse. Ni siquiera aquellos que aleguen sufrir una situación de peligro o persecución en sus países.

Hasta ahora, quienes eran interceptados en territorio estadounidense pasaban por un proceso en el que se evaluaba caso por caso si cumplían las condiciones para ser asilados.

Como explica Rodolfo Casillas, experto en migración centroamericana e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la forma en la que se entraba a Estados Unidos no era tenida en cuenta, “pues se entiende que una persona que solicita refugio vive una situación extrema que la hace faltar a ciertos procedimientos”.

Según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, al constar en la Constitución de EE. UU. que cualquier persona puede solicitar asilo en este país, el decreto sería ilegal. Sin embargo, está basado en una ley que le permite al presidente restringir protecciones humanitarias alegando motivos de seguridad nacional.

Esto, sumado a la actualización hace tres semanas de las amenazas de ese país –que ubicó en el primer lugar a la Mara Salvatrucha, la organización internacional de pandi- llas que opera en El Salvador, Guatemala y Honduras–, y a las declaraciones del presidente sobre la presencia de criminales entre los miembros de la caravana, dejan claro que la estrategia es “resolver una problemática social con una visión de seguridad”, como explica Pedro Piedrahita, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Medellín.

El nuevo veto migratorio

No es la primera vez que Trump invoca la seguridad nacional para promover un endurecimiento de la política migratoria. Esta nueva medida, de cierta manera, es un calco del veto migratorio aplicado a países de mayoría musul-

mana, aprobado en junio de este año, tras casi dos años de discusiones judiciales sobre su constitucionalidad.

Con esta nueva decisión ejecutiva comienzan a llover demandas que buscan proteger los derechos de solicitud de asilo consignados internacionalmente (ver recuadro).

Finalmente, en esta situación lo que prevalecerá es lo que determine el Tribunal Supremo, en el que Trump ha logrado ubicar durante su mandato a dos conservadores, entre los nueve magistrados que la integran. El último, el polémico acusado de abuso sexual Brett Kavanaugh