EDITORIAL
Un ejercicio usual de valoración, que no implica proyecciones infalibles, mucho menos en un entorno tan cambiante como el de Colombia. Hay un estilo sereno, dialogante, no confrontacional.
“Un ejercicio usual de valoración, que no implica proyecciones infalibles, mucho menos en un entorno tan cambiante como el de Colombia. Hay un estilo sereno, dialogante, no confrontacional”.
Los cien primeros días de gobierno de Iván Duque Márquez, que se cumplen mañana, no sirven obviamente para un balance definitorio, sino más bien para un ejercicio aproximado, incluso especulativo, de lo que será su estilo de liderazgo y sus líneas maestras en el manejo del Estado.
Ahí están disponibles, en archivos digitales en la Web, sus compromisos programáticos y promesas de campaña. Ya instalado en la Casa de Nariño, es evidente hasta ahora que el presidente Duque no tiene un estilo confrontacional y no apuesta por abrir frentes de conflicto político, ni siquiera en aquellos asuntos como los acuerdos de paz con las Farc o la incierta negociación con el Eln, que sus partidarios preveían como punto de inicio de un nuevo enfoque una vez al mando del Gobierno.
La conformación del gabinete fue eminentemente técnica, con mayor peso de dirigentes capitalinos que, no obstante, han intentado compensar con presencia en las regiones, sea en los talleres sabatinos “Construyendo País” o en consejos de seguridad con participación de dirigentes y gobernantes locales.
Con el Congreso la relación ha estado regida por lo que se promete como una ausencia de “mermelada”, con las dificultades que para la gobernabilidad traerá esa decisión, hasta que se mantenga, habida cuenta de que esas formas consuetudinarias de corrupción se volvieron parte integrante del sistema político colombiano.
De entrada, el nuevo presidente se topó con una crisis enorme que, si bien no del todo imprevista, sí ha crecido de forma exponencial: la masiva entrada de migrantes provenientes de Venezuela, en precarias condiciones y cuya atención humanitaria ha asumido nuestro país. Eso va a marcar buena parte de su mandato.
En materia de seguridad, el Gobierno enfrenta el enorme reto de desarrollar una política antidrogas y de combate al narcotráfico capaz de resolver y sortear uno de los momentos más críticos del país -si no el más- en materia de cultivos ilícitos, con más de 220 mil hectáreas sembradas de coca, y con la presencia abierta de redes mafiosas internacionales en el territorio, con grupos armados organizados absolutamente funcionales a la economía ilegal, que ponen en jaque regiones fronterizas estratégicas y amenazan con crecer auspiciados por esas finanzas.
Con el Eln ha habido más bien un período de limbo. Las regiones donde hay presencia de esa guerrilla están sufriendo sus atropellos, con desplazamientos, campos minados, reclutamientos forzados y auge de los entables coqueros y la cultura de la ilegalidad.
El desgaste mayor en este breve periodo se ha derivado de la propuesta de la reforma tributaria, denominada Ley de Financiamiento, y las constantes marchas de estudiantes y sectores docentes reclamando mayor financiación estatal para la educación pública.
La forma como el Gobierno enfrente el problema que tiene en las finanzas públicas va a definir la posibilidad de dejar un legado importante, que le permita sacar adelante sus prioridades de inversión y su lucha por la equidad. A ellos se conecta la necesidad de recortar gasto público inoficioso y la ejecución de un programa de desburocratización, del que hasta ahora solo hay declaraciones.
En otras áreas económicas apenas se empiezan a conocer iniciativas. Las bases del Plan de Desarrollo se presentarán esta semana y se anuncia que tendrán marcado énfasis regional. En comercio exterior se ha dicho que no se van a firmar más tratados de libre comercio, pero todavía no hay planteamientos de fondo sobre una política de comercio exterior. En agricultura la prioridad ha estado en paliar la crisis cafetera y en buscar el posicionamiento internacional de algunos productos agropecuarios.
Hasta ahora, pues, hay un periodo de transición donde es encomiable una voluntad de sosegar, en la medida de lo posible, un encendido clima político que venía inflamado desde el gobierno anterior, cuyas inercias deben dejar paso al cumplimiento efectivo de los programas del presidente elegido con mayoría clara en junio de este año.