EDITORIAL
La captura de la cúpula de la Alcaldía de Envigado, y del contralor del municipio, es un duro golpe a una población que día a día lucha contra estigmatizaciones múltiples. Que la justicia obre.
“La captura de la cúpula de la Alcaldía de Envigado, y del contralor del municipio, es un duro golpe a una población que día a día lucha contra estigmatizaciones múltiples. Que la justicia obre”.
Envigado, según los índices del Departamento Nacional de Planeación, es el mejor vividero de Colombia. Pero así la realidad socioeconómica lo indique, no ha dejado de cargar, a la vez, con estigmas y un pasado difícil de borrar, ligado no solo a los tentáculos del narcotráfico sino a otros parapoderes que gravitan en torno a su administración y que se manifiestan en múltiples facetas de su vida diaria.
Ayer se añadía otro elemento a esta historia: sorpresivamente fue capturado su alcalde, Raúl Cardona González. Junto a él, la secretaria de Hacienda, Girlesa Mesa Medina; el de Educación, Diego Fernando Echavarría, y el exconcejal Lindon Johnson Galeano Abello. También hay orden de captura contra el contralor municipal, José Conrado Restrepo Valencia.
Como casi todos sus antecesores, el alcalde Cardona González tiene un alto índice de aceptación entre los envigadeños. La aprobación a su gestión es altísima (92 % en la encuesta Invamer para EL COLOMBIANO, 10/09/2018). Y, a diferencia de varios de los anteriores alcaldes, su nombre no había estado asociado a redes de corrupción ni a vínculos con organizaciones criminales. Su liderazgo era el de un diri- gente cívico del Partido Liberal.
La Fiscalía General de la Nación presentó ayer su captura dentro del marco de una “feria de contratos: presupuesto de Envigado terminó en bolsillos de funcionarios y particulares”. Manifiesta tener en su poder interceptaciones telefónicas y documentos. Al alcalde, en particular, le endilga tener conocimiento de cobros, por parte de un exconcejal, a funcionarios que, en virtud de su nombramiento, de- bían pagarle cuotas mensuales descontadas de su salario oficial, así como irregularidades en adjudicación de contratos.
A la secretaria de Hacienda la señala la Fiscalía de ser partícipe en un negociado irregular, por el cual el municipio compró un lote por valor de $1.500 millones (en la rueda de prensa de ayer, el fiscal rebajó el valor a $1.300 millones) cuando apenas unas semanas antes el vendedor lo había comprado por $50 millones. Dice tener grabaciones de la funcionaria “celebrando” el desembolso de la compra del lote.
Repetimos que, en los últimos años, Envigado venía mostrando las mejores calificaciones nacionales en calidad de vida, administración de los recursos públicos, condiciones educativas, atención a la infancia y la vejez, oferta laboral, salud, trabajo, vivienda y acceso de servicios públicos por Planeación Nacio- nal y la Procuraduría General de la Nación, que la exaltó con las más altas calificaciones del país en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).
Ello no exime, por supuesto, de que la Fiscalía haga las investigaciones que tenga que hacer y que cumpla con su labor de rastrear la corrupción allí donde aparezca. Bajo la plena aplicación del principio de presunción de inocencia, el alcalde Cardona y los otros capturados deberán ver respetados sus derechos y garantías procesales. Si son responsables o no de los delitos que se les imputan, lo determinará un juez de la República. Cuán desmoralizador sería para un pueblo que lucha día a día contra señalamientos y estigmatizaciones, que la corrupción haya permeado sus más altas instancias de gobierno.
Si tan fuertes son los elementos probatorios, como aseguró ayer el fiscal General, hay que animar a que la justicia haga lo suyo, determine responsabilidades y asegure el resarcimiento a las víctimas y al municipio, cuya apuesta y la de sus habitantes debe ser, de nuevo, la legalidad, la transparencia y el control a la gestión, valores que van bien de la mano con el progreso social y el desarrollo en todas sus manifestaciones.