Duque y Santos se pasan la bola por falta de plata
El espejo retrovisor que usan funcionarios del Gobierno para argumentar la desfinanciación en el presupuesto generó respuesta del santismo.
¿ Juan Manuel Santos entregó un presupuesto para 2019 desfinanciado o el gobierno de Iván Duque no aplicó recortes necesarios? Esa es la pregunta del millón que ha encendido un nuevo debate político en el país, luego de que el equipo económico del expresidente señalara que la nueva administración decidió aumentar el gasto en vez de reducirlo.
En un comunicado de prensa, el grupo exfuncionarios de Santos, liderados por el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, indicó que la anterior administración presentó ante el Congreso, en julio pasado, un presupuesto con gastos de funcionamiento e inversión que pasaban de 18,7 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018 a 18,2 % del PIB en 2019; es decir, una disminución de cinco puntos básicos del PIB que representan 5 billones de pesos.
Argumentan que esa reducción era posible si se recortaban subsidios de energía para el estrato 3 y se disminuían los beneficiarios del programa Familias en Acción.
“El nuevo gobierno, por su parte, consideró que esa reducción en el gasto era inconveniente por el costo político, y dio marcha atrás. Lo grave es que no consideró hacer recortes en otras áreas, lo que automáticamente aumentó las necesidades de más recursos”, subrayan los exfuncionarios, quienes apuntaron que de allí surgen los 14 billones de pesos que ahora está buscando el nuevo gobierno por medio de una reforma tributaria o Ley de Financiamiento.
El exministro Mauricio Cárdenas, a través de su cuenta en Twitter escribió, hace unos días, que la reducción del gasto desde 2014 (año en el que Santos empezó a gobernar) fue contundente y que el presupuesto aprobado para 2019 supera el de 2016, 2017 y 2018.
En ese sentido, José Roberto Acosta, profesor del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), explicó que el presupuesto para la vigencia de 2019 aprobado por el Congreso de la República, el pasado 17 octubre, de 258,9 billones de pesos, es 25 billones más alto que el admitido para este año por el cuerpo legislativo anterior.
“No hay un faltante, hay una adición de gastos por el orden de los 25 billones de pesos por parte del ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, que quiere que la clase media pague. Está bien que aumenten el presupuesto por el crecimiento esperado de inflación (3 %) y de la economía (2,6 %), pero no pueden incrementarlo más allá de esa sumatoria (5,6 %)”, expresó.
Así, vemos que el presupuesto de 2019 es 9,35 % más alto que el aprobado por el Congreso para el presente año: 235 billones de pesos.
Adicionalmente, el equipo económico del expresidente Santos explicó que el presupuesto se proyectó con un precio promedio del petróleo, para 2018, de 67 dólares por barril, pero el precio promedio ha sido durante este año de 74 dólares por barril. “Esto supone una renta petrolera adicional de cerca de 3 billones de pesos frente a la que se tenía prevista”, detallaron.
La otra cara de la moneda
En vista de todo el revuelo que generó la declaración, el actual ministro de Hacienda, Carrasquilla, también expuso sus argumentos. Afirmó, por medio de un comunicado de prensa, que el gobierno de Duque no tomó deliberadamente la decisión de incrementar el presupuesto en 14 billones de pesos.
“Entre 2010 y 2017, un total de 2,7 millones de personas salieron de la pobreza extrema y 4,7 millones salieron de la situación de pobreza monetaria. A pesar de este logro, los retos en materia social aún persisten”, dijo Carrasquilla.
El presidente Duque también manifestó su posición. Durante la mañana de ayer publicó en su cuenta de Twitter: “El déficit de 14 billones es real. Hago un llamado al Congreso de la República para buscar soluciones responsables y cubrir lo necesario para alcanzar nuestros objetivos de equidad”.
Así mismo Carrasquilla dijo que los mayores recursos del sector petrolero no necesariamente alivian las presiones de gasto en 2019, pues aunque esto se traducirá en mayor pago de impuesto de renta de las empresas petroleras y dividendos de Ecopetrol el próximo año, por cerca de 0,3 % del PIB, del mismo modo generará una reducción del déficit permitido por un ajuste en el ciclo petrolero de la Regla Fiscal de una magnitud similar.
“La Ley de Financiamiento busca impulsar la competitividad y equidad entre los colombianos y construir empleo formal”. FERNANDO ARAUJO Senador del Centro Democrático.
“No hay un faltante, hay una adición de gastos por el orden de los 25 billones de pesos por parte del ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla”. JOSÉ ROBERTO ACOSTA Profesor del Cesa.
De igual forma, aseguró que el Ejecutivo no está creando nuevos gastos: “El gobierno tiene la obligación de llevar a cabo una reducción del déficit fiscal de 0,7 % del PIB entre 2018 y 2019. En esa medida, con el propósito de atender estas necesidades de gasto en el marco del cumplimiento de la Regla Fiscal, la Ley de Financiamiento tiene como objetivo la obtención de 14 billones de pesos para asegurar los niveles de gasto social consistentes con las necesidades de la población colombiana”.
Y para obtener parte de esos 14 billones, específicamente unos 8 billones de pesos, el ministro Carrasquilla había propuesto gravar con Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 18 % en 2019 al 80 % de los productos de la canasta familiar. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda echó para atrás esa medida de la Ley de Financiamiento el pasado miércoles luego de conocer la preocupación manifestada por ciudadanos, gremios y partidos políticos.
Por tal motivo, la segunda subcomisión empezó ayer a buscar opciones para conseguir los 14 billones de pesos que el Gobierno asegura hacen falta para cubrir algunos gastos sociales, según informó Fernando Araujo, senador del Centro Democrático (ver Paréntesis).
“Logramos salvar el espíritu de la Ley de Financiamiento, que busca impulsar la competitividad y equidad entre los colombianos, al tiempo que pretende construir el empleo formal que requiere Colombia. Seguimos buscando alternativas para conseguir los 14 billones que hacen falta”, indicó Araujo