EXTERMINIO DE MAGISTRADOS ANTIOQUEÑOS
Firmar un auto de detención en contra de Pablo Escobar
Gaviria, sus socios y matones, parecía una idea suicida. En especial por las amenazas en forma de cartas y llamadas anónimas, y por los intentos de soborno de abogados torcidos a la causa. Pero al magistrado Álvaro Medina Ochoa no le tembló la mano e hizo lo que dictó su conciencia. “Mi papá entregó su vida por la justicia”, cuenta hoy su hijo
Ricardo Medina Giraldo. Ya no es el niño de siete años de aquellos días, pero una parte de su memoria quedó enclavada en un instante, esperando junto a una ventana en la casa del barrio Calasanz, en el occidente de la ciudad. El 8 de abril de 1985 el infante vio que sus padres llegaron en el carro. Luego, como fantasmas, se materializaron los sicarios en motocicleta, y con disparos se llevaron el alma de su héroe. El magistrado Medina pertenecía a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, razón por la cual desde 1984 le llegaban los expedientes de una organización criminal recién fundada, culpable de inundar de cocaína la mente de miles de personas: el cartel de Medellín. La empresa delincuencial apenas tomaba vuelo y no estaba dispuesta a tolerar que unos juristas les cerraran el paso. En 1986 acribillaron al magistrado Gustavo Zuluaga, quien había heredado los procesos de Medina en el Tribunal. La matanza no paró ahí, y en los años siguientes asesinaron a los también magistrados Mariela Espinosa y Héctor Jiménez
Rodríguez. “Fue un exterminio sistemático, que 33 años después está en la impunidad”, aduce Ricardo, quien decidió convertirse en abogado, como su papá. A pesar de conocer las leyes, no ha conseguido que el Estado lo escuche, pues estas muertes no han sido declaradas como crímenes de lesa humanidad, condición necesaria para que la investigación no preescriba. El asesinato de Medina no ha sido esclarecido. Reportajes del pasado corroboran que el autor intelectual fue Escobar y que los materiales habría sido miembros de “los Priscos”. Los últimos cabecillas de esta banda, David Ricardo y Armando
Alberto Prisco Lopera, fueron dados de baja por la Fuerza Pública en 1991, llevándose a la tumba los detalles del plan de aniquilación de los magistrados. Ricardo precisa que las autoridades hicieron pesquisas durante seis meses, mas nunca hubo un capturado. El sacrificio de su padre le vuelve a la cabeza por estos días, en los que funcionarios judiciales han resultado salpicados por corrupción. Dice que esos escándalos desconocen la memoria de quienes lo dieron todo por la justicia, hasta la propia vida.