Entre la opinión y el pánico económico
Se configura el delito cuando se da “información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza” de una entidad vigilada, dice la Ley 599 del 2000.
Divulgar información tiene una responsabilidad y si esta es falsa o inexacta y afecta “la confianza de los clientes” de entidades vigiladas puede generar el delito de pánico económico. Así lo consagra el artículo 302 de la Ley 599 del 2000.
La norma contempla que el delito también se da cuando se provoque o estimule “el retiro del país de capitales nacionales o extranjeros o la desvinculación colectiva de personal”. De hecho, si alguien se halla responsable de este delito, se contempla una sanción de 32 a 144 meses de cárcel y multa que puede ir de 66,66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes (a datos de 2018, oscila entre 52 millones de pesos y 585 millones).
Por eso, el superintendente financiero, Jorge Castaño, hizo un llamado para que los colombianos “tengan mayor objetividad y criterio a la hora de revisar los mensajes de redes”.
La entidad no juzga, pero está obligada a denunciar ante la Fiscalía General de la Nación si hay alguna acción que perturba la estabilidad económica y financiera del país.
A partir de allí la investigación toma su curso, si hay méritos por un hecho constitutivo de delito y si este se puede individualizar, se procede a la imputación de cargos, la acusación formal y un juez deberá definir la situación con base en el material probatorio de ambas partes. Lo que no tiene un tiempo específico para desarrollarse.
La polémica
El tema se trae a colación luego de que María Fernanda Carrascal, fundadora de la organización Ideas por Bogotá, el 27 de noviembre invitara, a través de su cuenta en twitter, a los ciudadanos a retirarse de Grupo Aval por cuenta de la vinculación que se ha hecho del emporio económico con el escándalo de Odebrecht.
“¿Quiere protestar contra Sarmiento Angulo? Saque la plata de Porvenir y llévesela al fondo público Colpensiones, y cancele productos financieros con Grupo Aval (Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco AV Villas y Banco Popular). Pequeñas grandes luchas #NoMásCorrupción”, fue el mensaje que publicó.
A raíz de esto, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, el académico Jorge Restrepo, profesor de Economía de la Universidad Javeriana, y el abogado Rodrigo Uprimny, entre otras personalidades, se han enfrentado en esa red social.
Ramírez le pidió a la Fiscalía que se dé “trámite a la denuncia penal (...) contra aquellos que están especulando sobre las entidades financieras para causar pánico económico (...)”, Uprimny discrepó la postura de los críticos de Carrascal y señaló que distinto es “retirar, por razones morales, los dineros de una entidad financiera. Es un ejercicio legítimo de libertad de expresión”.
¿Opinión?
Sobre la mesa, están puestos dos puntos: la opinión y el pánico económico. Alejandro Useche, profesor de la Universidad del Rosario, afirmó que: “Las personas tenemos la libertad de usar las redes sociales para expresar opiniones acerca de la percepción que tenemos sobre los servicios que nos prestan las instituciones (...) esto es diferente a la difusión de información falsa para generar pánico”.
En la misma vía, Juan Carlos Álvarez, profesor de la Escuela de Derecho Penal de Eafit, recalcó que el “delito se da cuando se divulgan aspectos que se alejan de la realidad y pueden afectar la confianza de los clientes e inversionistas”. El ejemplo típico es decir que un banco está en quiebra o va a ser intervenido por alguna entidad de vigilancia y eso es mentira, pero, de fondo, se tiene interés en comprar acciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) baratas.
Lo que está en juego
Para los contradictores como Restrepo: “Cuando se llama a boicotear al sistema financiero, por ejemplo pidiendo
los retiros de una entidad financiera en particular, eso puede afectar la confianza, esencial para los intereses de los ahorradores”.
Un abogado, que pidió no ser mencionado, explicó que hay que distinguir que un grupo puede tener distintas unidades de negocio (por ejemplo bancos, financiación de proyectos e inversión a través de acciones en la Bolsa, entre otros), y hay que entenderlos individualmente.
Grupo Aval contempla cuatro bancos (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas), además de BAC (en Centroamérica); Corficolombiana, que el conglomerado llama la “corporación financiera más grande de Colombia”, con activos totales de 21,15 billones de pesos (2017), y el fondo de pensiones Porvenir, que administra recursos por 104,4 billones en pensiones obligatorias (el mayor monto entre los privados a septiembre de 2018), esto, sin contar con sus filiales.
“Los intermediarios financieros tienen el dinero del público y atacar la confianza del sistema no termina siendo un ataque contra un empresario, sino adverso contra los ahorradores”, dijo el abogado.
La perspectiva, parece mayor cuando esta entidad cotiza en bolsa. Grupo Aval tiene dos tipos de acciones la preferencial y la ordinaria. La acción preferencial empezó el año en 1.290 pesos y ayer cerró en 1.045 pesos, caída que se ha profundizado en noviembre, y las acciones ordinarias, han bajado a 1.010, desde un inicio de año de 1.265