Declaración de DD.HH., 70 años
Se trata de la vigencia, hoy, de un marco de principios cuyo propósito absoluto es humanizar a los hombres, a sus Estados, a sus sistemas. Que nadie sea dueño de una vida despojada de dignidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 70 años después, sigue siendo una utopía realizable. El sueño buscado de la especie, y la cirscunstancia posible de plenitud ciudadana de las sociedades. El asunto es que hoy, esa carta, si se lee desde Colombia, por ejemplo, tiene el acento de un reclamo, de una exigencia, y no el tono de una experiencia amplia, de realidad y gozo. Es un asomo, no el vuelo de las garantías y el respeto cierto de condiciones de dignidad para 45 millones de compatriotas.
Mañana 10 de diciembre, en la fecha clásica de conmemoración de aquella jornada histórica en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, el país podría hacer, más que una lista de tareas cumplidas, una reseña de obligaciones pendientes del Estado con sus constituyentes. El derecho a la vida, esencial, el primerísimo de los requirimientos, vulnerado por la violencia de grupos armados organizados que, desde la ilegalidad, siguen atentando contra la posibilidad de la convivencia comunitaria y civil.
Aunque esas promesas conjuntas, lo reconoce la misma ONU, aún no se cumplen a cabalidad, el hecho de que la Declaración haya resistido el paso del tiempo es una prueba de “la duradera universalidad de sus valores de igualdad, justicia y dignidad humana”.
La conjunción de voluntades diversas que representa, en el interés y la capacidad de concertación respecto de mínimos esenciales de convivencia, constituye un gran paso en la construcción de un imaginario global de existencia colectiva respetuosa.
La Declaración Universal, el documento más traducido del mundo, en 500 idiomas, conserva actualidad y pertinencia. Se impone la integración de sus contenidos a la pedagogía de construcción ciudadana universal y moderna.
Los derechos de primera, segunda y tercera generación siguen siendo unidades de contenido esencial de cual- quier país que pretenda reclamar para sí y para sus integrantes una condición democrática. Son la esfera envolvente en la cual debe gravitar la felicidad humana.
Divulgar una visión crítica del ejercicio de los derechos humanos en Colombia es parte de la defensa de un bien público, de obligaciones que deben ser incorporadas a un plan de acción gubernamental con apoyo internacional en tiempos y retos de posconflicto.
El último informe de la ONU sobre DD.HH. en Colombia, en marzo pasado, entre 19 recomendaciones enfatizó en la protección que requieren los líderes sociales, que sufrieron 441 ataques y 141 asesinatos en 2017. 14 mujeres murieron, el doble del período que antecedió esa estadística. La vinculación de niños a grupos armados, aunque reducida dada la desmovilización de las Farc, aún es motivo de preocupación debido a la persistencia del Eln y de bandas criminales en ese delito.
La violación de los derechos humanos en el país, también en materia social y política, exige incorporar indicadores fiables en las agencias del gobierno, no solo por obligación con la ciudadanía, sino para trazar controles a programas de apoyo internacional.
Mañana, en la fecha clásica de la Declaración, el mundo y Colombia aceptarán el cumplimiento apenas parcial de metas en DD.HH. La ausencia del Estado y la institucionalidad en amplios territorios representan el mayor reto y la circunstancia que agrava la orfandad que en Derechos Humanos sufren millones de seres, 70 años después de aquella vindicación histórica