Inocentes quedan en el medio de las balas perdidas
Entre 1990 y 2017, 1.565 las personas en distintas zonas del país recibieron un impacto de proyectil de arma de fuego cuyo objetivo era diferente.
En tan solo un día el país se estremeció con dos muertes: la del cantante Fabio Andrés Legarda Lizcano en Medellín, y la de una menor de 16 años en Floridablanca, Santander. ¿Qué tuvieron en común estos dos casos? Que las balas que acabaron con sus vidas, aparentemente no iban dirigidas a ellos, eran proyectiles perdidos.
En lo ocurrido con Legarda, las autoridades aseguraron que el joven artista fue impactado por una bala que fue disparada por una persona que respondió accionando su arma a un supuesto atraco del que estaba siendo víctima, mientras que la menor estaba en un polideportivo cuando una ojiva que provenía de una riña entre varios hombres la hirió de muerte.
Han transcurrido 40 días de este 2019 y, contando los casos anteriormente mencionados, este tipo hechos violentos deja en el país al menos siete víctimas mortales y un bebé de tan solo 11 meses herido en uno de sus brazos.
El Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, Cerac, define una bala perdida como “un proyectil por arma de fuego disparada intencionalmente, que ocasiona heridas letales o no letales a una persona que no es el objetivo que tiene el responsable de accionar el arma”. Esta entidad realizó un estudio sobre este fenómeno y arrojó resultados más que preocupantes: las balas perdidas en Colombia dejaron un total de 1.565 víctimas en 27 años (entre 1990 y 2017), de las cuales 675 perdieron la vida y 870 resultaron heridas, además, el 53% de esas personas eran menores de edad, es decir, 829 niños.
Según el estudio, el 2011, con más de 200 casos, fue el año en el que más se registraron muertes violentas de este tipo en el país, y aunque en el 2017 se había registrado un descenso significativo, el Cerac advirtió que la cantidad de víctimas letales aumentó en un 10%.
Estos hechos se registran con mayor frecuencia en las ciudades y por esta razón es allí donde se concentran la gran mayoría de víctimas.
“En los últimos siete años, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bogotá, presentan la mayor cantidad de casos”, afirma el Cerac, y añade que en entre el 2010 y 2017, “el 23% de las víctimas están asociadas a acciones sicariales y el 20%, a enfrentamientos entre grupos de violencia juvenil organizados”.
¿Qué hacer?
Analistas consultados por EL COLOMBIANO coinciden que este tipo de violencia tiene factores culturales que terminan en situaciones lamentables, aunque también dicen que hay que ponerle la lupa al porte de armas.
Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, cree que la cantidad de armas legales e ilegales que hay en Colombia mantienen el riesgo muy alto para que sucedan este tipo de eventos. Afirma que en el país deben existir unos 500 mil salvoconductos para portes de armas y unos 250 mil para tenencia, esto sin contar con las ilícitas que están en poder de grupos armados ilegales en las ciudades y en las zonas rurales.
“Algunas personas hacen mal uso de las armas de fuego, y muchos de los casos que ocurren con las balas perdidas se dan en fechas especiales como Navidad u otras festividades cuando deciden disparar al aire. Este tipo de conductas son comunes y han generado tragedias. También están los casos como el de Legarda, en el que una persona aparentemente utiliza una pistola en defensa propia, pero sin medir las consecuencias”, agrega el exfuncionario.
Por su parte, Santiago Londoño, exsecretario de gobierno de Antioquia, cree que para que las cosas cambien debe existir una legislación más fuerte para el castigo de quien utilice un arma de manera irresponsable además de cambio cultural.
“No puede ser ni aceptado ni aplaudido en ningún caso, también debe haber presión social de que si existe un arma amparada jamás debe usarse en estado de embriaguez, o de manera descontrolada en lugares públicos. Yo soy un convencido de que el Estado, solamente en casos excepcionales, puede y debe permitir el porte y tenencia de armas. La solución no puede ser entregar más armas si no fortalecer el Estado”, afirmó Londoño.
El porte de armas
Aunque desde diciembre pasado se firmó un decreto que prohibe el porte de armas por todo este año, el Gobierno de Iván Duque expidió una directriz en la que plantea algunas excepciones.
“El Ministerio de Defensa Nacional, durante la vigencia del presente decreto, impartirá a las autoridades militares competentes los lineamientos y/o directrices para la expedición de las autorizaciones es-
peciales que requieran los titulares por razones de urgencia o seguridad y de las excepciones que corresponda, teniendo en cuenta entre otros factores, las condiciones particulares de cada solicitud”, dice uno de los párrafos de la actual directriz.
Para Juan Pablo Paredes, quien se desempeñó como secretario de seguridad de la ciudad de Cali durante el año 2017, opina que el arma es una herramienta que en manos de la ley o de gente que respeta la ley no deberían generar un gran riesgo para la comunidad, sin embargo aclara “que mientras exista un arma en la calle y esta se accione, el riesgo de que ocurra una muerte accidental por una bala perdida o impactando un objetivo al que no se le disparó es perfectamente posible, independiente del tipo de arma, si es legal o ilegal, o quien la porte, si es un delincuente, autoridad o un civil en legítima defensa”
“Mientras exista un arma en la calle y esta se accione, el riesgo de una muerte accidental o por bala perdida es muy alta”. JUAN PABLO PAREDES Exsecretario de seguridad de Cali