SEGURIDAD Cambian nombre a la red de cooperantes, pero es lo mismo
El Gobierno pretende que un millón de ciudadanos sean sus aliados en la lucha contra el crimen.
Una de las grandes polémicas de la Política de Defensa y Seguridad del Gobierno de Iván Duque es la “Red de participación cívica” que recuerda tanto a la “Red de cooperantes” que existió durante la época de la Seguridad Democrática, en la Administración de Álvaro Uribe.
Aunque los documentos que enmarcaron la doctrina de esa iniciativa en el 2006 hablaban de que era un instrumento que llevaba más de 20 años funcionando, los reportes de prensa solo muestran su existencia en la era de Uribe.
Hoy en día, el Ejecutivo busca que esta sea una red viva, un canal de comunicación multipropósito y permanente entre ciudadanos y autoridades. Rafael Guarín, consejero para la Seguridad Nacional del Gobierno, explicó a EL COLOMBIANO que la “Red de Participación Cívica es un recurso indispensable para mejorar los entornos de seguridad ciudadana. No es una red de cooperantes, ni una red de informantes”.
Y aclaró que “el documento de la política no señala que habrá recompensa ni que se pagará por información para que los ciudadanos se involucren en organismos de inteligencia”.
Eso mismo es lo que establece la normativa sobre las redes de cooperación, que no incluyen ningún tipo de remuneración por la información que un ciudadano brinde a las autoridades. De acuerdo con las definiciones estrictas, quien se involucra y cobra por hacerlo, es un informante.
De hecho, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró en una entrevista concedida a Blu Radio la semana pasada, que la red iba viento en popa. “La recibimos con un poco más de 400.000 cooperantes en todo el país y, en el tiempo que lleva el gobierno del presidente Iván Duque, hemos duplicado esa cifra. Ya son cerca de 900.000”.
A lo que el asesor respondió que el “ministro no debió dar esa cifra, lo que existe es chat de las comunidades, que tienen una comunicación directa con la Policía, eso sucede en todo el país. Lo que queremos ahora es, soportados en las nuevas tecnologías, agrupar todos esos recursos que hoy están dispersos”. Sistema preventivo, que integra a los ciudadanos con los organismos de seguridad, mediante el suministro voluntario y oportuno de información. Quien voluntariamente y movido por un espíritu patriótico ayuda, colabora y coopera con los organismos de Seguridad, suministrando información. Persona que movida por un interés económico, social o particular, brinda información útil, clasificada y específica a los organismos de seguridad. Es aquella persona, que sin estar vinculada formalmente al programa como Cooperante, suministra información útil a la Fuerza Pública.
¿Esto sirve?
De acuerdo con la nueva Política, si bien la Red de Participación Cívica será útil para enfrentar a la delincuencia, su objetivo comprende acciones como la prevención y atención de desastres, la movilización solidaria, la alerta temprana ante situaciones que los ciudadanos consideren potencialmente peligrosas, al tiempo que es una herramienta de lucha contra la corrupción y de fiscalización de la actividad de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía.
Para el coronel (r) Jhon Marulanda, consultor internacional en estos asuntos, estas redes funcionan hace muchos años como alianzas de interés común entre vecinos y ciudadanos, motivadas por el Gobierno y son importantes para prevenir el delito.
Así mismo, el general (r) Rafael Colón explicó que estos mecanismos en esencia buscan tener unos vínculos más estrechos entre las autoridades, la comunidad civil y el territorio, para escucharse, resolver problemas y construir confianza, que finalmente se concrete en un flujo de información más rápido y efectivo.
Por ejemplo, en 2004, gra- cias a la información suministrada por un cooperante, las autoridades lograron capturar en el municipio de Buenaventura a Felipe Martínez, alias “Tayson”, jefe terrorista de las Autodefensas, quien estaba sindicado de ordenar numerosos asesinatos por parte de los paramilitares.
También ha sido útil, según el Ministerio de Defensa. para encontrar caletas con armas, cargamentos de droga, y evitar el reclutamiento de menores de edad en algunas regiones del país.
Sin embargo, la red de cooperantes tiene, desde hace una década, un manto de duda, lo que hace que el Gobierno busque desligarse de su nombre.
Las objeciones
Cuando Uribe dejó la Presidencia, la red superaba los 3,2 millones de cooperantes. En 2009, Sergio Jaramillo, entonces viceministro de Defensa, buscó una depuración de los listados y puso un techo cerca- no a a 1,3 millones de ciudadanos integrantes.
Y en 2011, empezó el estigma contra esa red, pues los paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”; Freddy Rendón, “el Alemán”; y Rodrigo Tovar, “Jorge 40”, confirmaron al garante de la OEA que había un acuerdo con el Gobierno para que sus redes de informantes se incorporaran a las redes de cooperantes del Ejército, como una forma de evitar que volvieran de delinquir. Solo en la Brigada XII participaban 250 exparamilitares, como lo reveló un cable diplomático enviado desde la embajada de EE. UU. en Colombia a Washington en 2007, que fue filtrado por Wikileaks.
Esta información, al parecer de un importante sector de la sociedad, hacía que la red, considerada loable y patriótica, pasara a estar en un limbo entre lo legal y lo ilegal.
El exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, a quien Uribe le propuso crear una red de informantes universitarios durante su mandato, aseguró que “en Colombia hay un problema muy complicado de cierta tendencia a generar hechos de autodefensa. La actitud normal del ciudadano debe ser cooperar con información a las autoridades, pero en un país donde hay linchamientos y se recurre a esa idea de red de cooperantes me da escalofrío”.
Colón también piensa que esta propuesta del presidente Duque puede sonar un poco a lo mismo, sin embargo, “yo esperaría que este gobierno tome las lecciones aprendidas del pasado y lo que quiera es hacer equipo con las comunidades”