PRIMEROS 6 MESES: LA PERSPECTIVA FISCAL
A lo largo de las últimas décadas, nuestro país ha gozado de una estabilidad macroeconómica destacable dentro y fuera de la región latinoamericana. Al mismo tiempo, el crecimiento económico ha permitido avanzar, en un grado relativamente importante, en materia de equidad social.
La esperanza de vida al nacer, un indicador que sintetiza de manera muy concreta el avance de una sociedad, subió, según el Dane, de 68 años en promedio entre 1985 y 1990 a 76,2 en promedio entre 2015 y 2020. La tasa de mortalidad infantil, en el mismo período, bajó de 43,2 a 15,1 por mil nacidos vivos. La población en situación de pobreza ha pasado de representar el 45,7 % del total en 1991 a 26,9 % en 2017. Los años de escolaridad que, en promedio, ha cursado un ciudadano pasaron de 6,1 en 1990 a 8,6 en 2017. La clase media es, hoy en día, el segmento mayoritario de nuestra población.
Para el Gobierno del presidente Iván Duque lo fundamental es asegurar que estas grandes tendencias hacia la equidad se consoliden y se fortalezcan. Ello implica diseñar y ejecutar políticas públicas que aseguren que los obstáculos que dichas tendencias enfrentan sean superados. Un primer obstáculo que enfrentamos en nuestro avance hacia la equidad es la ilegalidad. No se trata solamente del daño y el sufrimiento que originan el crimen organizado y el terrorismo. Se trata también de la inseguridad que padece la población en su vida cotidiana, de la crueldad con la que nos azota la corrupción y de lo lejana que los ciudadanos sentimos la justicia.
Un segundo obstáculo es la insuficiencia del emprendimiento y, por ende, del crecimiento económico. Los estudios sobre el tema son unánimes en mostrar una realidad muy preocupante: la tasa de crecimiento de largo plazo cayó de 4,8 % en 2012 a 3,5 % en 2018. Las consecuencias de ello son dramáticas. De no lograr revertir el deterioro, los colombianos dejaríamos de generar el equivalente a $700 billones de pesos –unos $15 millones por persona– a largo de los próximos 10 años.
Con el fin de revertir este costoso revés, recuperar la senda del crecimiento y fortalecer la tendencia del avance social y la equidad, el gobierno ha implementado una ambiciosa estrategia económica, cuyos primeros componentes se han desarrollado en estos primeros seis meses.
Primero, modificó el proyecto de presupuesto nacional que recibió, aumentando el gasto de inversión, sin afectar el monto total apropiado. Segundo, presentó al Congreso una iniciativa en materia de financiamiento, correspondiente a la mencionada afectación presupuestal. Dicha propuesta estuvo anclada en dos áreas fundamentales: una reducción muy importante de la elevada tasa efectiva de tributación empresarial, factor que venía afectando adversamente el emprendimiento en Colombia, y la creación de un régimen simple, que convide a la formalidad a muchas pequeñas empresas hoy informales. Tercero, presentó al Congreso el presupuesto bianual en materia de regalías más cuantioso de la historia, incluyendo una asignación específica para la infraestructura educativa del país. Al finalizar el año, todas estas iniciativas habían hecho curso exitoso en el órgano legislativo, y pese a una economía relativamente débil, se cumplieron a cabalidad todas las metas en materia fiscal.
La implementación de esta estrategia conllevó operaciones internas y externas de crédito público. En el frente interno se realizó un canje de bonos amortizables en 2019 por bonos de más larga duración. En el frente externo, se colocaron bonos por US$2.000 millones, en dos emisiones muy exitosas. Este conjunto de operaciones, junto con el favorable comportamiento de las tasas de interés observadas, confirman el hecho de que los mercados nacionales e internacionales asignan credibilidad a la estrategia fiscal del país, la cual está basada en el estricto cumplimiento de la Regla Fiscal, consistente con la reducción gradual y sistemática del peso que tiene la deuda pública en el PIB