“No tiene sentido desmontar los adelantos que ha desarrollado el DNP y volverlos a montar en Hacienda y mucho menos desmantelar a esa entidad técnica y necesaria”.
No tiene sentido desmontar los adelantos que ha desarrollado el DNP y volverlos a montar en Hacienda y mucho menos desmantelar a esa entidad técnica y necesaria.
Ha generado polémica un artículo que el Gobierno incluyó en el proyecto de Ley que dará curso legal al Plan de Desarrollo. Incluso algunos de los antiguos directores del Departamento Nacional de Planeación (DNP) se han pronunciado de forma vehemente en contra del contenido del artículo. En este se propone que el país avance progresivamente hacia la unificación del presupuesto general de la Nación en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Según el artículo, la unificación se justificaría para mejorar la focalización, el impacto en el desarrollo y la calidad de la inversión.
El esquema actual tiene sus raíces en la reforma administrativa de 1968 y se modificó parcialmente en la Constitución de 1991, sin cambiar la institucionalidad vigente hasta ese momento. Con las modificaciones se redujo el excesivo poder del DNP y el Plan de Desarrollo pasó a ser una ley discutida y aprobada en el Congreso de la República, después de ser consultado con los ciudadanos. A partir de ahí el DNP ha venido desarrollando una serie de mecanismos para monitorear de qué forma se están gastando los recursos públicos que complementan las restric- ciones acerca del monto del gasto que establece el Ministerio de Hacienda.
En términos generales la propuesta contiene puntos interesantes. La idea es que, en el largo plazo, como recomienda la Comisión de Gasto, el país tenga un enfoque moderno de la programación presupuestal orientado a resultados, lo cual implica que los ministerios y las entidades ejecutoras se comprometan a entregarle a la sociedad una cantidad determinada de bienes y servicios públicos, algo en que ya está empeñado el DNP. Según la Comisión, uno de los obstáculos más importantes para alcanzar ese esquema es la dualidad que hoy existe para la preparación presupuestal entre los gastos de funcionamiento, responsabilidad del Ministerio de Hacienda, y los gastos de in- versión, responsabilidad del DNP. La unificación, y es el punto en discusión, se debería hacer en una sola entidad.
El problema es que la unificación representa un cambio de fondo en la estructura institucional del Estado y se hace sin mayor discusión, casi que de forma subrepticia en un artículo suelto en el proyecto del Plan. El punto central en esta discusión es que el proceso de formulación, aprobación y ejecución del presupuesto es, por definición, un proceso político que refleja el programa del Gobierno y por ello, el presidente cuenta con el brazo técnico del DNP para establecer el plan de inversiones del cuatrienio. Si el presupuesto se hace bien y representa las principales necesidades de la población, es un poderoso instrumento para la equidad y si, adicionalmente, cumple con los objetivos de estabilidad y consistencia macroeconómica, hace posible que las finanzas públicas sean sostenibles en el largo plazo.
Mejorar el proceso presupuestal es necesario porque posibilita alcanzar las metas propuestas. Sin embargo, la reforma que se requiere no es simplemente pasar el presupuesto de inversión al Ministerio de Hacienda; lo que se necesita realmente es organizar en forma adecuada el presupuesto por programas, lo que eliminaría la dualidad y garantizar que se continúen evaluando estos en el DNP. No tiene sentido desmontar los adelantos que ha desarrollado el DNP y volverlos a montar en Hacienda y mucho menos desmantelar a esa entidad técnica y necesaria. Como se dice coloquialmente: se quiere sí, pero no así