TEMA DEL DÍA
Informe calculó cuánto se paga por “vacunas”. Las cifras solo son superadas por la venta de drogas ilícitas.
Extorsión, segunda renta de bandas en la ciudad. Se denuncia poco.
En solo dos de las 16 comunas de Medellín, las bandas criminales recaudan más de $28.000 millones cada año por concepto de extorsiones. Ese dinero es suficiente para comprar 23 buses eléctricos como los que llegarán en agosto para Metroplús.
Así lo concluyó el estudio “Coerción extorsiva en Medellín”, desarrollado por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Secretaría de Seguridad de Medellín en las comunas 10 (La Candelaria, centro) y 15 (Guayabal, sur).
El documento se construyó con base en estudios previos de la Alcaldía y la Universidad de Antioquia, en una serie de entrevistas y grupos focales adelantados con comerciantes y líderes comunitarios durante varios meses. Esa información se cruzó con datos del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc), la Cámara de Comercio, Fenalco y el Censo de Vendedores Ambulantes del Centro para establecer cuántos comerciantes existían, qué porcentaje de ellos pagaba “vacunas” y cuáles eran los montos.
“A los entrevistados les
preguntamos si eran extorsionados en las comunas, quiénes y cuánto pagaban y con qué frecuencia les cobraban, entre otros”, explicó Soledad Betancur, una de las investigadoras del IPC.
Betancur aclaró que por la falta de denuncias es muy difícil cuantificar la magnitud precisa de la extorsión.
Y a eso se le suma la multiplicidad de modalidades. Un líder del Centro de Medellín, que pidió reserva de su identidad, explicó que a los comerciantes se les exige un pago semanal según el tamaño de sus negocios, pero también pagan los empleados que parquean sus motos, las prostitutas que ofrecen el servicio y hasta los vendedores de bolsas y dulces en las esquinas.
“Ellos cobran lo que les parezca. Hasta donde sé, no hay tablas de tarifas”, sentenció.
¿Todos pagan?
En el Centro de Medellín las pesquisas revelaron que por lo menos la mitad de las empresas legalmente constituidas estaban siendo extorsionadas.
A partir de las entrevistas determinaron rangos de pago —montos mínimos y máxi
mos de cobros, según la víctima— y con eso los investigadores estimaron promedios.
Ante la diversidad de respuestas (los cobros no siempre son iguales de una empresa o persona a otra) y la falta de denuncias —Policía y Fiscalía reconocen que este es el delito con mayor subregistro— el IPC planteó tres escenarios para calcular las ganancias de los ilegales: en el primero, se calcula la renta ilegal con base en el pago promedio del 50 % de las empresas legales, en el segundo el 70 % y en el tercero el 90 %.
“En el máximo escenario nunca se consideró que (el pago) fuese del ciento por ciento (de las empresas)”, explicaron los investigadores.
A estos valores se sumaron los pagos de comerciantes irregulares ( vendedores ambulantes).
Con esa información, los investigadores del IPC concluyeron que solo en la comuna 10 de Medellín los criminales logran captar ilegalmente un mínimo de $28.000 millones anuales y un máximo de $137.000 millones (ver gráfico). Eso sin contar lo que pueden obtener por extorsionar a
“La extorsión es uno de los negocios más rentables para los delincuentes. Con esa plata compran armas”. RAÚL GONZÁLEZ FLECHAS Director Seccional de Fiscalías, Medellín
transportadores, pues esos datos no se incluyeron. “Al Centro llegan casi todas las flotas de buses de Medellín y el Valle de Aburrá, entonces era complejo contarlos en la comuna”, agregó Betancur.
En el caso de la comuna 15, solo se tomaron en cuenta los comerciantes formales (1.418 empresas constituidas) que entregan a las bandas delincuenciales del sector entre $2.700 millones anuales —en el escenario del 30 % de ellos que paguen las “cuotas”— y $8.700 millones —si paga el 50 % de las compañías—.
Coerción y extorsión
El mayor José Edwin Espitia Poveda, comandante del Gaula Metropolitano, aseguró que la modalidad más común en Medellín es la microextorsión; es decir, cobros periódicos a ciudadanos o empresarios.
“Les pueden pedir $10.000 o $50.000 que no es tanto dinero como el que exigían las guerrillas cuando secuestraban a alguien (...) Los delincuentes dicen que están prestando servicio de ‘seguridad’ y por eso la gente no reconoce la extorsión como tal”, indicó.
El mayor aclaró que hay algunas diferencias en los tipos de cobro y que por ejemplo los “gota a gota” —préstamos informales con intereses altos— no se consideran extorsiones sino usura (préstamo con utilidades superiores a la mitad de los intereses bancarios) o constreñimiento (obligar a alguien a que tolere u omita alguna conducta).
“Pero todo esto hace parte de la misma cadena de rentas ilegales que se disputan las bandas en la ciudad y que incluyen el monopolio, en ciertas zonas, de productos de la canasta familiar como los huevos, las arepas y el gas”, aclaró el uniformado.
El director seccional de Fiscalías de Medellín, Raúl González Flechas, manifestó que en buena parte de la ciudad está tan normalizado este cobro ilegal, que la gente solo denuncia cuando le piden más dinero o no tiene como pagar.
Flechas y Espitia confirmaron que el dinero que reciben las bandas es destinado a pago de los delincuentes, compra de armas y municiones, etc.
Pocas denuncias
En lo corrido del año, el Gaula ha recibido 318 denuncias por extorsión en el Valle de Aburrá, 12 % menos que en 2018.
Las zonas de Medellín donde más se presenta el flagelo son el Centro, San Javier (comuna 13), Belén (comuna 16) y el corregimiento de Altavista. Entre los municipios vecinos, el caso más crítico lo tiene Bello. “Allá prácticamente hay un segundo régimen tributario: paga el ciudadano, el transportador, el empresario, el constructor, el vendedor ambulante”, declaró González Flechas.
Para hacerse a una idea de las dimensiones de la extorsión, el funcionario reportó que con corte al 12 de junio, en Medellín se registraron 289 denuncias por ese delito, 48 en Bello, 8 en Copacabana, 8 en Girardota y 4 en Caldas.
El funcionario aclaró que este es un delito fácil de investigar porque según los registros oficiales de la Fiscalía, en el 50 % de las denuncias hay judicialización inmediata. Acotó que el 90 % de las investigaciones son estructurales (no se persigue solo al cobrador sino a toda la red) y
que de los capturados solo 10 o 20 % van a juicio, pues el resto allana a los cargos y firma preacuerdos.
El Gaula también dio un balance positivo. “Este año llevamos 167 capturas por este delito, 32 % más que en el mismo período del año pasado. Nuestros cálculos indican que con estas acciones se evitó el pago de más de $1.700 millones”, dijo el mayor Espitia.
Recomendaciones
El Gaula lidera una campaña llamada “Yo no pago, yo denuncio” que busca que las personas no entreguen dinero a los ilegales, sino que acudan ante las autoridades para evitar alimentar la red criminal.
Los ciudadanos pueden acudir a la línea celular 156, del Gaula, o ingresar a la página web https://adenunciar.policia.gov.co/ para reportar el caso. También pueden acudir a las URI de la Fiscalía y a cualquiera de las estaciones de Policía en el Aburrá.
Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, aseguró que la Alcaldía está empeñada en incentivar la denuncia ciudadana. “Hay sectores que han sido muy aporreados por ese delito, como el Centro. Pero es muy importante contarle a la gente que la mayoría de los casos que se denuncian terminan en capturas y no de los cobradores, que muchas veces son niños instrumentalizados, sino de las redes criminales”, precisó