EDITORIAL
El informe que, al fin, produjo la Alta Comisionada de la Onu para los DD.HH. ratifica la grave situación de violaciones a los derechos fundamentales de los venezolanos y sus precarias condiciones de vida.
“El informe que, al fin, produjo la Alta Comisionada de la Onu para los DD.HH. ratifica la grave situación de violaciones a los derechos fundamentales de los venezolanos y sus precarias condiciones de vida”.
Después de las críticas por no haberse pronunciado sobre Venezuela, finalmente la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ( ACNUDH), Michelle Bachelet, dio a conocer su informe. La conclusión más fuerte que trae este nuevo reporte es que “la situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria”.
La metodología de la investigación para elaborar el informe consistió en entrevistar a un gran número de venezolanos dentro del país, incluyendo a miembros del régimen, así como también a personas refugiadas y migrantes en los principales países receptores de estos. La propia comisionada visitó Venezuela del 19 al 21 de junio de este año. Se reunió con los principales funcionarios de Nicolás Maduro y sostuvo encuentros con representantes de la Iglesia Católica, el sector empresarial, universidades, estudiantes, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, aproximadamente 200 víctimas, la comunidad diplomática y el equipo de las Naciones Unidas en el país.
El amplio barrido que se llevó a cabo para recoger opiniones y revisar documentos, permitió elaborar un documento exhaustivo, que confirma mu
chas de las apreciaciones que se tienen en Colombia sobre el estado de la economía y sociedad venezolanas. El incremento de las violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, se atribuye a la agudización de la crisis por las recientes sanciones económicas.
El régimen está aumentando la utilización de la represión para enfrentar las protestas de una población desesperada. Los programas sociales se están dirigiendo únicamente a quienes apoyan a Maduro y sus secuaces, y está aumentando la militarización de las instituciones del Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa. Las autoridades concentran sus ataques sobre determinadas personas y grupos. Al tiempo, se multiplican los asesinatos como parte de una política de control social. La total impunidad, según el informe, “ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas”.
Como era de esperar, el régimen represor ha rechazado de plano el informe, y lo paradójico es que tampoco ha sido bien recibido por una parte de la oposición. Para el régimen de Maduro, el principal problema del informe es la exclusión o, por lo menos, el desdén, de la información oficial para la elaboración del informe. De esa forma, según el documento del chavismo que lo controvirtió, este se concentra en los señalamientos negativos de los opositores y es, por esa razón, parcializado y poco equilibrado.
Si bien para una parte de la oposición el informe es un avance, para María Corina Machado, caracterizada líder opositora y coordinadora del movimiento Vente Venezuela, “el usurpador Maduro buscó reconocimiento y lo obtuvo”, luego de la visita de Bachelet. Esa postura muestra que para algunos sectores no es concebible ningún tipo de concesión que implique que Maduro pueda permanecer en el poder, expresada en este caso en las solicitudes que se hacen al régimen para que afloje en sus políticas represivas. Lo único que tiene cabida es conminar a Maduro para que abandone el poder.
Desde Colombia, la sensación que se tiene es que la intransigencia del régimen y la impotencia de la oposición hacen ver lejos una solución y que continuará, como advierte el informe, el éxodo y el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela ■