Garantizar el derecho ciudadano a la salud integral
Cuando han pasado 25 años desde las reformas que pretendieron mejorar los servicios mediante cambios estructurales del sistema, hay muchas situaciones que siguen mostrando que los problemas están lejos de estar superados. Informes como los del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud de la Personería de Medellín muestran que se mantienen grandes desigualdades en el acceso a los servicios y barreras de distinto tipo para los tratamientos oportunos y la disminución de los tiempos de espera para la atención. Los reportes de este organismo también dan cuenta de los
problemas que persisten con la entrega de medicamentos y el pago de incapacidades, situaciones que tienden a empeorar para aquellos que viven en zonas rurales y municipios más alejados de Medellín. A esto se suma la congestión permanente de las urgencias debido a que los pacientes que no reciben atención en el primer nivel suelen acudir a este mecanismo como una forma de obtener atención, y los problemas derivados de la crisis de prestadoras de servicios como Medimás y Metrosalud. Otro asunto que distintos informes e investigaciones han mostrado como problemáticos es el poco presupuesto que dedican tanto las EPS como las entidades gubernamentales a las campañas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, lo que de alguna manera refleja que se sigue equiparando la salud a curación de la enfermedad y no a un asunto más integral como el acceso a agua potable y la alimentación. La salud integral implica calidad de vida. En conclusión, la tarea pendiente es encontrar salidas para hacer efectivo el derecho a la salud integral para toda la población, y disminuir las enormes brechas que hoy tiene el sistema en materia de desigualdades.