Subsidios que no acabaron en manos de los campesinos
Hace 10 años estalló el escándalo de Agro Ingreso Seguro, que ayer derivó en la extradición de Andrés Felipe Arias.
En 2009, lo que parecía un innovador programa del Gobierno nacional, quedó al descubierto como uno de los escándalos de corrupción que más han dado de qué hablar en el país durante la última década.
Al momento de su lanzamiento, en 2006, Agro Ingreso Seguro, programa creado por la Presidencia de la República y el Ministerio de Agricultura, prometía ser una solución para reducir las desigualdades en el sector agropecuario y “proteger los ingresos de los productores para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía”, según describe la Ley 1133 de 2007, que lo reglamentó. La norma especificaba que
el Gobierno entregaría a los campesinos una serie de incentivos económicos directos “bajo el principio de equidad”.
No obstante, en su edición de septiembre de 2009, la hoy desaparecida revista Cambio publicó un artículo llamado “Riego de dineros públicos”, en el que reveló que en el listado de beneficiarios de los millonarios subsidios había nombres de personas con recursos suficientes y posiciones sociales y políticas destacadas en sus regiones.
En los medios fue protagonista la historia de la exreina de belleza, modelo y actriz Valerie
Domínguez y cuatro integrantes de la familia de su novio,
Juan Manuel Dávila, como beneficiarios, según constaba en el documento del Ministerio de Agricultura. Entre los cinco ha
bían recibido un total de 2.200 millones de pesos del programa. Mientras la familia Dávila había reclamado el dinero, la exreina, a raíz del escándalo, alcanzó a rechazar el subsidio antes de que los recursos le fueran desembolsados.
Por eso, aunque en junio de 2011 Domínguez fue imputada por la Fiscalía por presuntamente haber incurrido en los delitos de peculado por apropiación en la modalidad de tentativa, y falsedad en documento privado, en enero de 2013 fue absuelta por un juez en primera instancia y la decisión fue ratificada el 30 de mayo de 2014 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, tras considerar que la exreina no actuó con dolo sino con desconocimiento.
No ocurrió lo mismo con la familia Dávila, cuyos integrantes, bajo un preacuerdo con la Fiscalía, aceptaron su responsabilidad en el caso, devolvieron el dinero y fueron condenados a entre 20 y 22 meses de prisión.
Pero no fueron los únicos procesados. En la lista de beneficiarios aparecía un poderoso terrateniente como Is
mael Pantoja, extraditado en septiembre de 2009 a Estados Unidos como presunto responsable de narcotráfico. Él recibió un subsidio de 500 millones de pesos. En cabeza de Viviane Mo
rales, la Fiscalía llamó a interrogatorio a 23 funcionarios del Ministerio de Agricultura, 22 del Instituto Iberoamericano para la Cooperación en la Agricultura; y uno del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Además, vinculó al caso a decenas de prestantes finqueros y a altos funcionarios del Gobierno, como el viceministro de Agricultura
Juan Camilo Salazar, condenado en 2012 a 10 años de prisión; y al exministro de esa cartera, Andrés Felipe Arias.
En audiencia del 20 de julio de 2011, Morales afirmó que Agro Ingreso Seguro “fue utilizado por Arias como plataforma política para su eventual campaña presidencial”.
De otro lado, el entonces procurador Alejandro Or
dóñez abrió desde diciembre de 2009 una investigación disciplinaria contra Arias y lo encontró culpable en 2011, destituyéndolo e inhabilitándolo para ejercer cargos públicos por 16 años por intervención en convenios omitiendo estudios previos y técnicos. Esa decisión se convertía, en la práctica, en la muerte política de Arias, pero lo más difícil, su proceso penal, estaba por venir.
Entre 2011 y 2013, Arias permaneció recluido en el Cantón Norte de Bogotá y el 3 de julio de 2014 fue hallado culpable por la Corte Suprema. Su caso se sumó al de otras siete personas que fueron halladas culpables por las irregularidades