EL VIDEO DE SANMIGUEL
El pasado lunes una reconocida periodista, adscrita a la “W Radio”, difundió una evidencia –calificada por ese medio como “explosiva”– mediante la cual enteró al país del interrogatorio rendido por el señor Andrés Sanmiguel Castaño ante la Fiscalía, el 18 de junio de 2018; una pieza procesal que, se supone, debía permanecer en el más absoluto sigilo por tratarse de una actuación adelantada en unas diligencias judiciales, que tocan con la financiación de la campaña reeleccionista del expresidente Santos, a la que –todo lo indica así– entraron cuantiosos recursos provenientes de la firma Odebrecht.
Desde luego, aunque está claro que la afrentosa e ilegal violación de la reserva sumarial la llevó a cabo la mencionada señora y con ella el medio de comunicación (a quienes el Círculo de Periodistas de Bogotá debería investigar y sancionar) todavía no se sabe, con certeza, quién filtró el medio de prueba; y esa incógnita debería ser resuelta, y muy rápido, por parte de la administración de justicia penal y los organismos encargados de ejercer el control sobre la actividad de los profesionales del derecho (para el caso, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura).
No obstante, al respecto parecen probables dos hipótesis: una, es que lo hayan hecho funcionarios adscritos a la Fiscalía General de la Nación; y, otra que el entuerto sea obra de la propia defensa de Sanmiguel. Desde luego, hay un hecho que compromete a esta última: el documento fue hecho público horas después de que el abogado defensor acudiera al mismo medio radial, ante el cual señaló que su cliente buscaba ampararse con el principio de oportunidad.
Así las cosas, las declaraciones previas y el video solo serían parte de una muy bien calculada estrategia encaminada a presionar a la Fiscalía General para que se pronuncie y acepte sus demandas, como si se tratara de cualquier episodio de una serie televisiva gringa al estilo de Suits o de The Good Wife, hoy convertidas en las nuevas escuelas de derecho para formar a los jóvenes abogados y cuyas doctrinas algunos aquí aplican.
Pero algo más llama la atención: cuando la defensa de Sanmiguel salió a los medios de comunicación también denunció amenazas y, al unísono, como si ambos estuvieran al servicio de la misma causa, la comunicadora dijo que a ese señor “lo tienen que proteger”. Sin embargo, los dos no le expresaron al colectivo social que su propia e irresponsable actuación también pone en peligro la vida de esa persona que, de esta manera, puede terminar sacrificada en el altar de la justicia mediática. Dicho de otra forma: ¡ellos piden protección para quien, a su vez, ponen en la boca del lobo!
En cualquier caso, varias cosas parecen indiscutibles: una, es que Sanmiguel fue hábilmente preparado para rendir su versión mediante un libreto, en el cual se le hace aparecer como un ser inofensivo que es incapaz de matar a una mosca, pese a que a través de su empresa circularon los $3900 millones entregados a los emisarios de la campaña reeleccionista. Y otra: todavía quedan muchos capítulos oscuros por desenmarañar en torno a la responsabilidad de la clase política en este bochornoso asunto y, obvio es decirlo, en especial sobre los nexos del Nobel de Paz con Odebrecht.
También está claro que la administración de justicia colombiana, a diferencia de las de países vecinos, no está dispuesta a investigar estos hechos y ciertos medios de comunicación solo están interesados en los dividendos materiales del escándalo, o –lo que es más grave– en fomentar el caos y el desorden.
En fin, no parece posible que en un Estado social y democrático de derecho que le impone responsabilidad social a los medios de comunicación y un desempeño ético y transparente a sus profesionales del derecho, sucedan estas cosas que mucho dañan la poca institucionalidad reinante y convierten a los procesos penales en espectáculos vulgares
También está claro que la administración de justicia colombiana, a diferencia de las de países vecinos, no está dispuesta a investigar estos hechos.