La “Ley Arias” y sus efectos en el Estado
Al colapsado sistema judicial colombiano, se sumaría la revisión de cerca de 200 fallos contra aforados.
Luego de la extradición a Colombia del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y la pena de 17 años de cárcel que deberá pagar en el país, su partido, Centro Democrático, ha insistido en pedir que, a partir de su caso, se apruebe la doble instancia para aforados que ya habían sido condenados por la Corte Suprema, es decir, con retroactividad.
Hasta 2018, la Constitución y las leyes colombianas establecían que los altos funcionarios del Estado que ostentaban fuero, no fueran juzgados en tribunales ordinarios, sino por la Sala Penal de la Corte Suprema como única instancia.
Sin embargo, como la posibilidad de impugnar un fallo judicial es un derecho universal, en ese año el Congreso aprobó el Acto Legislativo 01, que estableció que dentro de la misma Corte Suprema, la Sala de Casación Penal y las salas especiales constituyeran primera y segunda instancia para los aforados. La sentencia SU-217 del 21 de mayo de 2019, de la Corte Constitucional, ratificó el cambio.
Aunque no resulta habitual en derecho que la implementación de una nueva norma genere retroactividad para favorecer a los condenados, esto sí ha ocurrido con normas que pierden vigencia, por ejemplo, la que eliminó la bigamia como delito. Ese es uno de los de puntos en discusión, pues Arias fue condenado en 2014 y la reforma es posterior.
El desbarajuste institucional
Hace cuatro días, voces del Centro Democrático como las de la senadora Paloma Valencia y la del senador Edward Rodríguez, anunciaron que ese partido prepara un proyecto de ley que radicará ante el Congreso para lograr que la doble instancia para aforados sea retroactiva.
La propuesta, aunque favorecería al exministro condenado por el caso Agro Ingreso Seguro, crearía un desbarajuste en el país.
De acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, actualmente hay en el Congreso 8 senadores y 6 representantes que son “herederos” de la parapolítica y que, junto a otros corporados, tendrían que declararse impedidos para la votación del proyecto, lo que podría generar un cuello de botella similar al años, aproximadamente, permaneció detenido
en EE. UU.
que ocasionó el debate de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, que tardó dos meses y no tuvo ningún avance. Por el contrario, retrasó la discusión de temas trascendentales que se espera inicien debate después del 20 de julio, como las reformas política y a la justicia, y los proyectos anticorrupción.
Además, la justicia ha fallado desde 1991 hasta 2018 en los casos de por lo menos 250 aforados, entre ellos, un exgobernador y 58 excongresistas por parapolítica, un excongresista por el caso Odebrecht, y un exgobernador por el Cartel de la Toga. Todos ellos podrían pedir la revisión.
Por parapolítica, han sido sentenciados los senadores Dief Maloof, Miguel de la Espriella, Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives, Carlos Arturo Clavijo, Juan Manuel López, Reginaldo Montes, Ricardo Elcure, Vicente Blel, Álvaro García, Álvaro Araújo, Jorge Castro, Humberto Builes, Rubén Darío Quintero, Antonio Valencia, Mario Uribe, Enrique Caballero, Ciro Ramírez Humberto Gómez, Juan Carlos Martínez, Carlos Higuera, Carlos Galvis, Jairo Merlano, Óscar Reyes, Luis Gil, Miguel Pinedo, Javier Cáceres, Mario Náder, William Montes, Óscar Suárez y Fuad Rapag.
Igualmente, los exrepresentantes Alfonso Campo, Eric Morris, Muriel Benitorrebollo, Rocío Arias, Eleonora Pineda, Karelly Lara, Gonzalo García, Dixon Tapasco, Fabio Arango, Odín Sánchez, Édgar Torres, César Andrade, Manuel Ávila, Jesús Doval, Javier Devia, Jorge Feris, José Imbett, Alfonso Riaño, Rafael Castillo, Juan Sánchez, Estanislao Ortiz, Jaime Cervantes, Luis Almario y César Pérez. Por el caso Odebrecht fue condenado el excongresista Bernardo Ñoño Elías y por el Cartel de la Toga, el exgobernador Alejandro Lyons.
Reglas deben ser claras
La experta constitucionalista de la Universidad de Antioquia, Bernardita Pérez, indicó que “en un Estado de Derecho hay reglas de juego preconcebidas al caso, o sea, antes de que un hecho suceda, las reglas deben estar explícitas”.
La experta señaló que aunque la única instancia para aforados estuvo vigente en el país por cerca de 100 años, “esta discusión nunca se dio, porque prácticamente no hubo juicios contra aforados. Cuando la Corte asumió con carácter su función y procesó congresistas, plantearon que esa regla de juego les violaba el derecho a la segunda instancia”