“El propósito de retirar normas obsoletas o en desuso es loable. La inflación normativa va en contra del principio de la seguridad jurídica. Pero hasta en eso fallaron Gobierno (el anterior) y Congreso”.

Como ministro de Justicia en marzo de 2018 presentó el proyecto de ley de depuración normativa al Congreso. “El desbordamiento de nuestro ordenamiento jurídico ha adquirido proporciones tan grandes que se han detectado entre el año 1866 y el 2014 más de quince mil normas de rango legal, sin que exista certeza acerca de su vigencia, circunstancia que impide que los destinatarios de las mismas puedan conocer a cabalidad las reglas que les rigen para proceder a su cumplimiento. Esta situación deriva no solo en el debilitamiento del principio constitucional de seguridad jurídica, sino a su vez en la ausencia de apropiación normativa (...).

El Ministerio de Justicia y del Derecho, bajo la coordinación de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, contando con la participación activa de las oficinas y dependencias jurídicas de las cabezas de los 24 sectores de la Administración Pública Nacional, coordinó la labor de identificación de las normas que deberían ser depuradas.

En efecto, de 15.772 normas de rango legal expedidas entre 1886 a 2014, se identificaron 12.703 como posibles candidatas a ser depuradas, siendo 11.911 avaladas por los 24 sectores de la Administración Pública Nacional. El Ministerio de Justicia, a través del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, hizo una última revisión y determinó 11.845 normas para ser depuradas”

* Apartes de la Exposición de Motivos del proyecto de ley