Autoridades sin respuestas para la JEP por Escombrera
Con desorden, falta de información y poca diligencia se encontraron los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Medellín, mientras escuchaban a las entidades del Estado responsables de la búsqueda de desaparecidos de la Comuna 13 rendir sus informes.
Al igual que las víctimas, los togados no se explicaban por qué, 17 años después de acaecidos los hechos, todavía las autoridades no tienen claro cuántos fueron los afectados de desaparición forzada ni las fechas de los hechos.
La entidad más cuestionada por el magistrado Gustavo Salazar, de la Sala de No Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y encargado de las medidas cautelares para Antioquia, fue la Fiscalía General de la Nación, ya que los registros varían entre 100 y 315 víctimas.
De acuerdo con el ente investigador, la falta de datos se debe a que las víctimas no denunciaron los hechos sino hasta después de entrada en vigencia la Ley de Justicia y Paz, que entonces representaba la posibilidad de encontrarlos alguna vez.
Nancy Posada Ramírez, de la Fiscalía, contó de las dificultades que han presentado para dar con los restos de quienes pudieron haber sido asesinados después de su desaparición: La Escombrera durante 10 años recibió tantos escombros que es muy difícil determinar a ciencia cierta donde están dispuestos los cadáveres, no hay suficientes testimonios para contrastar la información dada por el único paramilitar ( Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias Móvil 8) que ha señalado polígonos específicos como sitios donde posiblemente estén enterrados, y varios de los miembros del Bloque Cacique Nutibara qué se encargaban de inhumar a las personas están muertos.
Además, la funcionaria señaló que en el Jardín Cementerio Universal hay tal desorden que ocho cuerpos que fueron enterrados allí después de haberlos encontrado en fosas comunes de la Comuna 13 no aparecen para establecer su identificación.
Las otras entidades
La Alcaldía de Medellín fue cuestionada por su falta de diligencia, ya que desde 2015 no se ven nuevos esfuerzos para intervenir La Escombrera ni La Arenera.
Y la Personería Municipal tampoco pudo dar cuenta de investigaciones contra funcionarios por el incumplimiento de sus deberes de garantizar los derechos de las víctimas, ni de haber oficiado ante la Procuraduría General de la Nación, ni ante la Fiscalía para que avanzaran en las investigaciones pertinentes.
Las víctimas piden más
Las medidas cautelares fueron pedidas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado al nuevo sistema de Justicia para que proteja los lugares y ordene su preservación hasta que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidos tenga la capacidad para buscarlos.
También pidieron, a través de EQUITAS, la Corporación Jurídica Libertad, y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos que no sea el testimonio de “Móvil 8” la única fuente a tener en cuenta para delimitar sitios de búsqueda, que no debe reducirse a La Escombrera y al Cementerio, sino extenderse a otras zonas del Corregimiento de San Cristóbal, Buenavista, los sectores El Cebollal y Las Playitas, el Cerro los 12 Apóstoles, y la finca los muchachos