BELLO REQUIERE UNA ACCIÓN CONTUNDENTE Y DECIDIDA DEL ESTADO PARA RECUPERAR SU INSTITUCIONALIDAD Y SEGURIDAD

El problema de seguridad e institucionalidad en Bello hace rato se salió de madre, su solución exige una acción contundente del Estado, que arranque examinando a sus propios funcionarios en una ciudad donde el crimen y la corrupción campean.

Grave que en 2019 se presente allí un asesinato cada dos días. Más aún que no basten los muertos y que ahora las bandas traten de proyectar desde los cuerpos de las víctimas mensajes de terror contra una población indefensa.

Las estructuras de muerte enfrentadas en Bello, desde hace años, utilizando el miedo como arma, han privatizado a su favor toda actividad productiva local. Solo puede vivir en Bello quien pague vacuna por una “seguridad privada” que terminó por normalizarse y que combina las más monstruosas formas de extorsión. Las denuncias del gobernador Luis Pérez hay que investigarlas con seriedad y celeridad, pues es grave que haya información que desconocen la Policía, la Fiscalía o la alcaldesa.

Esos cuerpos abandonados en vía pública, torturados, marcados, desmembrados o entregados como cena a cerdos para desaparecerlos, según denuncia del gobernador, es prueba de la barbarie en la que están enfrascadas las bandas. El Estado tiene que desmantelar esas estructuras y no lo hará con acciones aisladas o patrullajes testimoniales de policías o soldados. Bello requiere medidas de choque verosímiles, contundentes y confiables