EDITORIAL
En un entorno con muchas restricciones económicas y fiscales, se presentan las cuentas que debe ejecutar y hacer realidad el Plan de Desarrollo del presidente Duque.
“En un entorno con muchas restricciones económicas y fiscales, se presentan las cuentas que debe ejecutar y hacer realidad el Plan de Desarrollo del presidente Duque”.
Había expectativas en la opinión pública acerca de la propuesta de Presupuesto General de la Nación para 2020, presentada el pasado lunes por el Gobierno al Congreso de la República. Al fin y al cabo, con esas cuentas es que se comienza a hacer realidad el Plan de Desarrollo del gobierno del presidente Duque y, por ese camino, la impronta que quiere dejar en la sociedad.
Hay muchas restricciones económicas y eso no facilita las cosas ante un país con tantas necesidades. Teniendo en cuenta la situación fiscal, el presupuesto es austero y en eso el Gobierno es consistente con los planteamientos del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Los gastos que haría en 2020 ascienden a $271,7 billones de pesos, con un incremento de 9 % en relación con el año anterior.
En esta presentación del presupuesto se ha insistido en mostrar cómo el gasto público en Colombia se caracteriza por ser altamente inflexible. De una parte, existen una serie de obligaciones que el Gobierno debe cumplir y que hacen que sea difícil recortar gastos en ciertos rubros. Dentro de las más importantes sobresalen
las pensiones, el servicio de la deuda y las transferencias que por mandato constitucional debe hacer la Nación a las entidades territoriales a través del Sistema General de Participaciones (SGP).
Esto último se hace con recursos de destinación específica en educación, salud y agua potable y saneamiento básico, calculados a partir del crecimiento promedio de los ingresos en los últimos cuatro años. Además, existen las llamadas vigencias futuras, compromisos de gasto ya definidos para proyectos de largo plazo, como por ejemplo los de infraestructura y en especial las 4G, que ya están comprometidos para garantizar la viabilidad de los proyectos y no se pueden modificar.
El temor era que ante la necesidad de recortar el gasto y, dada la presencia de las inflexibilidades, fuera necesario afectar el gasto social, algo que finalmente se pudo evitar en esta primera versión de presupuesto puesta a consideración del Congreso. De ahí el énfasis, al explicar estos números, en el peso del incremento de 8,7 % que se la da al gasto social, con una contribución muy importante del rubro de educación que creció 6,7 %, lo cual lleva a que históricamente sea el gasto más alto que ha tenido ese sector, y del incremento en salud (8 %).
También se ha tratado de mantener la inversión en términos nominales, que con un crecimiento de apenas 0,9 %, significa en realidad una caída real de este rubro. Esto en la práctica quiere decir que por sus limitaciones de recursos el Gobierno tendrá un papel limitado en estimular la economía. Se ha optado por pensar que, como ha dicho con anterioridad, la mejor política fiscal es el crecimiento de la economía obtenido, en buena medida, con la disminución de la carga fiscal de las empresas.
Con la presentación del presupuesto 2020 se tiene una pieza fundamental del panorama de la política fiscal que quiere hacer el Gobierno. La señal de austeridad, en un contexto de dificultades fiscales, quiere ser tranquilizadora. Sobre todo, cuando hay tanta suspicacia con relación a los planes de venta de activos que se tendrían y la forma como se harían trucos contables para alcanzar las metas fiscales de 2019, algo que enfáticamente ha sido rechazado por el ministro Carrasquilla