17,9 billones de pesos, el botín de los corruptos en Colombia
Cifras como ésta se pueden estimar mediante herramientas de que vienen siendo utilizadas por varios países para prevenir el desvío de recursos públicos.
En un país como Colombia todos los ojos están puestos en la contratación pública. Y no es para menos. Entre 2016 y 2018, el Presupuesto General de la Nación sumó $675 billones, una cifra que terminó invertida en su mayoría en departamentos y municipios. Paralelamente, en ese mismo período de tiempo, según datos del Monitor Ciudadano de la Corrupción, de la corporación Transparencia por Colombia, el desfalco al erario fue de $17,9 billones, por irregularidades ocurridas en un 94 % en los entes territoriales.
La descentralización de la inversión, necesaria para construir el bienestar de los ciudadanos, termina por convertirse en “una oportunidad para el interés egoísta de los corruptos”, señala el informe del Monitor Ciudadano. El documento, que fue presentado en mayo pasado por la Corpora
ción, fue retomado ayer durante el foro “Los riesgos de corrupción en la contratación pública y sus impactos”, organizado por Bancolombia y la Pontificia Universidad Javeriana.
Al evento asistió como invitado principal el profesor de la Central European University, Mihály Fazekas, quien ha dedicado su carrera a estudiar como el manejo de big data (conjunto de datos de gran volumen y complejidad) puede ayudar a entender y prevenir el fenómeno de la corrupción.
“La disponibilidad global de datos e indicadores de riesgo es una innovación reciente en la lucha contra la corrupción y nos ha mostrado que aunque éste es un fenómeno dinámico y muy bien organizado, sobre todo en los niveles más altos del ámbito público, atacarlo es posible utilizando información”.
El académico considera que para combatir la corrupción usando indicadores, un primer paso necesario es clarificar la definición misma de corrupción, que por lo general involucra tácticas para evadir la libre competencia o para beneficiar a un determinado contratista.
Posteriormente, será posible entonces utilizar los datos para el manejo del riesgo “para apoyar investigaciones y auditorías, y para generar reformas en las políticas de contratación pública”. Para ello, Fazekas señala como claves cuatro tipos de indicadores: de riesgo en el proceso de licitación, de riesgo en los
proveedores, de conexiones políticas y de riesgo en las entidades contratantes.
Así, por ejemplo, la información disponible sobre los cronogramas de las licitaciones permite señalar en qué casos específicos los tiempos se ajustan para que pocos proveedores presenten sus propuestas. Señala Fazekas que una tendencia como esa se convierte en una “bandera roja”, que señala dónde hay que investigar