Poner a funcionar la hidroeléctrica
La puesta en marcha del sistema, principal reto para el futuro gobernador.
La emergencia presentada en el megaproyecto de Hidroituango en abril de 2018, representó un desafío enorme para Empresas Públicas de Medellín (EPM), para el resto de autoridades implicadas en su desarrollo e incluso para los entes de control.
La contingencia, que llevó al aumento del caudal del río Cauca provocó la declaración de alerta roja en poblaciones antioqueñas aguas abajo, y midió la capacidad de reacción del gobierno con la finalidad de proteger vidas humanas y al tiempo, mitigar los daños sufridos en la infraestructura del proyecto.
Liderazgo del gobernador será clave
Cuidar las finanzas públicas, ser veedor de las compensaciones para la comunidad afectada, velar por el cumplimiento de las correcciones
El proyecto hidroeléctrico Hidroituango no solo es el más grande construido en el país, sino el más grande del tipo presa de enrocado que actualmente se construye en el mundo JUAN DIEGO JARAMILLO Profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Eafit
de las obras físicas y garantizar los recursos públicos para Medellín y Antioquia, serán prioridades para el próximo gobernador.
Para los cinco académicos consultados por EL COLOMBIANO, además de respetar las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales, será fundamental lograr la estabilización de Hidroituango con responsabilidad financiera y social, para recuperar la confianza del país en el megaproyecto que supliría el 17 % de la demanda energética nacional.
Ahora que los trabajos terminaron la presa, se controlaron las filtraciones en los túneles de captación en la casa de máquinas y se levantó la alerta roja aguas abajo, Hidroituango entró en una fase de recuperación, la cual se extendería hasta el segundo semestre de 2021, cuando la hidroeléctrica comenzaría su funcionamiento parcial.
El gobernador que asuma el primero de enero de 2020, además de presidir la junta directiva de la sociedad del proyecto, tendrá el reto de levantar la Resolución 820 de 2018 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que tiene suspendidos los trabajos regulares de construcción.
El nuevo mandatario de los antioqueños deberá decidir si continúa con los cobros por daño patrimonial que el gobernador Luis Pérez demandó contra EPM, por la no entrada de operación de Hidroituango en noviembre de 2018. El restablecimiento de las relaciones también será tarea del próximo gobernador, ya que con la administración de Pérez fueron complejas con demandas penales de parte y parte.
En 2023, cuando se pronostica que el proyecto esté en con un 70 % de funcionamiento, el gobernador también deberá especificar en qué se invertirán las transferencias de EPM y vigilar para que los recursos no se pierdan