Deuda por Ruta del Sol es menor
El Estado deberá pagar al consorcio $211.000 millones y no $1,2 billones como venía negociando con el consorcio y las entidades bancarias.
El Tribunal de Arbitramento declaró nulo el contrato del tramo II de la vía y estimó en $211.000 millones la suma que deberá pagar la ANI, en vez de los $1,2 billones, que calculaba el Gobierno. Le contamos.
El monto que deberá salir de los impuestos de todos los colombianos, para pagar las obras del tramo II de la Ruta del Sol, será menor que la cantidad que en principio estimaba el Gobierno. Así lo determinó ayer el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que tenía en sus manos el pleito entre la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., integrada por Episol y Odebrecht, y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), al definir en $211.000 millones el pago que debe hacer el Estado al consorcio.
Catalina Hoyos, Carlos Mauricio González y Jorge Enrique Ibáñez, árbitros del tribunal, también declararon nulo el contrato de la obra junto con todos sus otrosís, por considerarlo ilícito, pues “fue celebrado con abuso y desviación de poder”. Con la decisión se zanja la demanda que en 2016 interpuso Odebrecht contra la ANI para que le pagara $798.000 millones, argumentando problemas de gestión social y predial por parte de la Agencia, que habrían retrasado los cronogramas del proyecto.
Pero las grietas entre el Estado colombiano y las empresas contratistas se acrecentaron desde el pasado 22 de julio, fecha en que la Superintendencia de Transporte anunció su decisión de liquidar la concesionaria. Ahí cobró trascendencia la decisión
que ayer tomó el Tribunal de Arbitramento, pues esa instancia era la encargada de tasar el monto, tanto de las obras, como de las acreencias.
Cinco veces más
En medio de todo este proceso, en los últimos tres años el Gobierno nacional le pagó a los acreedores de la concesionaria, como bancos y proveedores, cerca de $1,6 billones por las obras que fueron eje
cutadas y entregadas desde 2010 hasta mediados de 2015, pero, además de eso, el pasado 25 de julio se conoció que la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, venía participando de una mesa de negociación en la que proponía pagarle a la concesionaria $1,2 billones más, asumiendo así la deuda que Episol y Odebrecht tenían con el sistema financiero, al que el Gobierno denominó “terceros de buena fe”.
La propuesta del Gobierno se explica dado que el contrato de concesión le permitía al Consorcio Ruta del Sol explotar la vía mediante peajes y así recuperar lo que había invertido, pero al estallar el escándalo de corrupción de Odebrecht, el Invías asumió la operación y explotación de la carretera que, según constató EL COLOMBIANO, aún hoy presenta tramos sin terminar, puentes inconclusos y baches en pavimentos de no más de cinco años. En ese contexto, pero aún sin darse el fallo del Tribunal, el Mintransporte venía trabajando alrededor de esa suma.
De haber avanzado la ne
gociación, el Estado habría pagado 5,6 veces más dinero que el que los árbitros definieron ayer en su decisión. Pero la conciliación con los bancos se cayó el pasado 30 de julio pues las partes no llegaron a un consenso sobre la forma y la fecha de pago.
“Celebramos la decisión”
Tras conocer la providencia, la ministra Orozco declaró que “celebramos que se declaró la nulidad del contrato y que es un fallo favorable a la Nación. Nosotros esperábamos la decisión del tribunal. Hay que pagar mucho menos de lo que se pensaba” y explicó que para que la vía quede terminada se requieren por lo menos “cuatro billones de pesos, esperamos el próximo año ya salir a licitarla, porque hasta ahora hemos avanzado solo en la estructuración”.
La ANI también celebró la nulidad del contrato “por tratarse de una determinación que sanciona los actos de corrupción” y en un comunicado indicó que analizará en detalle las implicaciones del fallo frente a otras decisiones que en él fueron proferidas.
Asimismo, la Contraloría General de la Nación consideró que el fallo “se ajusta a la ley” y reiteró que estará “atenta a vigilar el correcto cumplimiento de lo ordenado en el documento y la continuación del proyecto, que avanza en un 52 %”. Finalmente, la Procuraduría también se mostró conforme con lo decidido pues “la corrupción y el fraude propiciado por la multinacional no podía ser fuente de ningún derecho”