Inflexibilidad y falta de claridad, entre los “peros” del presupuesto
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) pone sobre la mesa un aumento del IVA a 19 % el próximo año para darle más recursos al Gobierno.
El presupuesto tiene inflexibilidad a la baja hasta en 90 % de su valor”, dice Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) sobre el Presupuesto General de la Nación que se radicó el mes pasado en el Congreso de la República por 271,7 billones de pesos (ver Claves).
Para el economista, con esta rigidez se vuelve a poner sobre la mesa la credibilidad sobre el cumplimiento del Marco Fiscal de Mediano Plazo en el que se estiman unos recortes del 1 % del PIB entre 2019-2020 como mecanismo para ganar sostenibilidad fiscal.
De hecho, sostiene que “el gasto operacional” no lo ha logrado reducir la administración de Iván Duque, “por eso ha tenido que recurrir (igual que Juan Manuel Santos) al peligroso expediente de recortar la inversión”, de 3,9 % a 3,6 % del PIB durante 2018-2020, lo que tendría efecto sobre la deuda.
Según se refleja en informe de Anif, la necesidad surge de reactivar una idea que sufre de baja popularidad: de subir el IVA a 19 %, pero sin gravar el 30 % de la canasta básica.
“De esta manera se estaría incrementando hasta en 0,6 % del PIB el recaudo y volveríamos a la trayectoria de cumplimiento de la Regla Fiscal sin tener que estar recortando draconianamente el presupuesto”, digo Clavijo en su comentario económico.
Nada transparente
Las críticas desde la academia llegan desde un presupuesto que se plantea poco transparente: “El Ministerio de Hacienda está incumpliendo los estándares internacionales de transparencia presupuestal al no publicar un presupuesto ciudadano detallado y segmentado por sectores como educación, salud, defensa, deuda, etc.” Lo anterior, dice, dificulta el “análisis de datos de lo que allí está descrito”.
En realidad, esta segmentación se realizó durante la rueda de prensa, en la que se dio a conocer que los recursos destinados son 212,4 billones de pesos, sin deuda, entre los que se encuentran los 43,1 billones para la educación, 35,7 billones de defensa y Policía; los 31,8 billones para salud y protección social y en la misma proporción para el trabajo, pero no para el análisis como es debido.
Los cuestionamientos también llegaron por la importante reducción en agricultura y desarrollo rural, de 21,6 %; la Registraduría, de 62,1 %, la Presidencia de la República (-54,5 %); y en menor proporción del Congreso (-1,2 %), los sectores de minas y energía (-5,2 %),
tecnologías de la información y las comunicaciones (-6,4 %), y transporte (-0,3 %).
Según le había dicho Adriana Salinas, asesora del gasto público del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, a este diario, la situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que el mismo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha aceptado que al menos 8,5 billones deben provenir de enajenaciones.
Y que, además, no se tiene claro estos recursos de dónde saldrán y para qué se necesitarán. “Para tapar esos 8 billones vamos a vender una empresa, eso nos va a generar después otro faltante, porque ya no vas a contar con sus ganancias (...) en el largo plazo es un muy mal negocio”