Estabilizar a Bello llevará más tiempo
La guerra de tres bandas sigue activa, mientras las autoridades aplican medidas. ¿Qué falta para recuperar la paz?
Las autoridades del orden regional y nacional se coordinaron para atacar el crimen organizado del municipio, pero la disputa entre bandas persiste. ¿Qué le falta a la estrategia?
Bello ajustó seis meses soportando una cruenta disputa entre grupos ilegales, que llenó sus calles de zozobra y lo ha convertido en una preocupación con un inusitado alcance nacional.
La cifra de asesinatos llegó a 105 este año (hasta agosto 16), mientras que en el mismo periodo de 2018 iban 40, según las autoridades. Sumado a esto se han presentado tiroteos en vías públicas que lesionaron a inocentes, muertes con un alto grado de sevicia y amenazas por llamadas y panfletos en chats de internet.
La situación coincidió con una crisis de gobernabilidad por la condena contra el alcalde César Suárez, de seis años y 10 meses de prisión por falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Por esta razón el mandatario fue relevado del cargo y asumió su exsecretaria de Gobierno, Adriana Salas.
La respuesta de la institucionalidad a la oleada de violencia ha sido visible: consejos de seguridad con el Gobernador, el Ministro de Defensa y hasta el presidente Iván Duque; relevos en la estación de Policía local y nuevo pie de fuerza con investigadores enviados desde Bogotá; patrullajes del Ejército y asignación de más fiscales; prohibiciones para la movilidad de motos con pasajero y toque de queda nocturno para menores de edad, entre otras medidas.
Los cabecillas de la mafia han sido reseñados en afiches y algunos capturados; las plazas de vicio históricas, como las de El Tapón y Calle Caliente, allanadas; y de nuevo se puso sobre el tapete, por las quejas de la comunidad, la existencia de relaciones clandestinas entre servidores públicos y las bandas criminales.
No obstante, la tranquilidad no regresa a Bello. Cada semana hay algún episodio de sangre que pone a esa ciudad en las portadas y titulares de noticieros, contribuyendo a la estigmatización que tanto rechazan sus habitantes.
EL COLOMBIANO consultó a la ciudadanía, autoridades y
analistas para comprender por qué es tan difícil recuperar la seguridad en el municipio.
Ninguna banda se impone
La principal causa de la violencia es una disputa que involucra a las bandas de “Pachelly”, “El Mesa” y “Niquía Camacol”, cada una con más de dos décadas de presencia en la zona.
El pleito se deriva de rencillas pasadas sin resolver, traiciones entre cabecillas, diferencias en negocios ilícitos y el control de territorios para la extorsión y el narcotráfico. Se concentra en las comunas de Niquía y Altos de Niquía y estalló el 10 de febrero, con un triple homicidio en el que murió “Guerrero”, un cabecilla de “Pachelly”.
Ya pasaron 180 días y el mapa criminal de Bello no ha cambiado: “el Mesa” y “Niquía Camacol” le siguen haciendo la guerra a una facción de “Pachelly”, que ha resistido a pesar de fracturas en su estructura de mando. Y sin un grupo que reine sobre los demás, la tensión prevalece.
El choque más reciente sucedió el 30 de julio dentro de una urbanización de Niquía. Unos sicarios irrumpieron a pie y en el parqueadero acribillaron a Daniel Monsalve Chalarca ya Camilo Montoya Ospina, de 31 y 32 años; una bala perdida impactó la cabeza de un niño venezolano de cinco años, quien caminaba con su madre.
Al día siguiente amenazaron por teléfono a la rectora de la Institución Educativa Fontidueño. Se presume que fue por la prohibición de las ventas ambulantes afuera del colegio, pero en este clima de inseguridad generalizada, donde ha habido intimidaciones para empresas, hoteles y restaurantes, la gente temió lo peor. Los docentes y padres de familia hicieron una protesta la semana anterior, clamando por ayuda de las autoridades.
En otros hechos, el 7 de agosto hallaron el cadáver acuchillado de la celadora Lina Castillo Londoño, flotando sin ropa en el río Medellín, en inmediaciones del barrio Las Vegas; y 24 horas después, en la orilla del mismo sector, el cuerpo abaleado de Cristian Rivas. Los investigadores presumen que esos crímenes podrían estar conectados.
El gobernador Luis Pérez le ha añadido más brasas a la hoguera, con declaraciones sobre
“Hago un llamado a la ciudadanía para que se apropie de los espacios de ciudad, estos nos pertenecen a todos”. ALEJANDRO LEMA GALEANO Personero de Bello
hechos que no están confirmados por las agencias de Inteligencia. Primero dijo, basado en la versión preliminar de un ciudadano, que las bandas estaban arrojando cadáveres a los cerdos para que los devoraran; y luego que en Bello había “presencia de carteles mexicanos”. La Policía y la Fiscalía tuvieron que aclarar que nada de eso está verificado.
Tampoco es cierto que en esa área actúen el Clan del Golfo y el Eln, aunque en algunas paredes hayan pintado grafitis alusivos a esos grupos. Es una táctica de terrorismo de los mismos combos.
Conjurando los males
La arremetida de la Policía generó 964 capturas (a julio 31), 82 allanamientos, 97 armas de fuego decomisadas y la incautación de 373.465 gramos de marihuana, 6.308 de base de coca, 4.764 de basuco y 1.368 de cocaína. Y la Cuarta Brigada, que desplegó 200 soldados, participó en 24 capturas de miembros de combos, incautó 15 armas (incluyendo una ametralladora de grueso calibre) y 1.912 municiones.
Las acciones han impactado a los grupos ilegales, pero no de la forma contundente en que se esperaba. Una de las razones es que la Fuerza Pública se topó con estructuras de alcance regional, nacional y transnacional. “Pachelly” administra negocios en el Nordeste de Antioquia, Norte, Bajo Cauca y la costa Pacífica; mientras que “el Mesa”, con cerca de 300 integrantes, controla áreas para el narcotráfico en Bogotá, Cundinamarca, Tunja y el Oriente antioqueño.
En la clasificación de la Policía, esta última facción figura como un Grupo de Delincuencia Común Organizada (Gdco), es decir, una banda ordinaria de alcance local. Nunca estuvo priorizada y de allí su crecimiento desbordado, a la sombra de otras. Ahora las agencias buscan subirla de categoría a Grupo Delictivo Organizado (Gdo), con el plan de destinar más recursos a su persecución.
“En Bello hay empresas del crimen, no son simples fleteros y extorsionistas. Su capacidad de corrupción les da mucho poder”, opinó el analista del conflicto Boris Castaño, miembro de la corporación Innova Ideas y Estrategias (I2E).
El general Juvenal Díaz, comandante de la Cuarta Brigada, dijo que entre los logros de la intervención está haber logrado una cooperación interinstitucional, del orden nacional, en pro de la seguridad bellanita; y la desaceleración del índice de homicidios, que en mayo alcanzó un máximo de 22 casos y en julio mermó a 12.
El coronel Daniel Mazo, comandante (e) del Distrito Norte de la Policía Metropolitana, acotó: “hacemos patrullajes las 24 horas en las vías de Ciudad Niquía, el punto más crítico, lo que ha hecho que el fenómeno del homicidio se desplace a la periferia del municipio”.
¿Qué falta por hacer?
“La dificultad más grave que yo veo, es que este problema viene de hace 30 años, las bandas en
“La comunidad debe vencer el miedo y denunciar, no podemos permitir que nos encierren en el municipio”. CORONEL DANIEL MAZO Comandante (e) Distrito Norte de Policía 43 desaparecidos reportados en Bello este año (Personería): 2 aparecieron muertos, 19 vivos.
Bello ya están insertadas en la estructura social”, contó el general Díaz.
La Brigada estudia la posibilidad de instalar una base militar con 150 uniformados en el área rural de la ciudad, para cubrir los corredores de movilidad de los ilegales.
Más allá del plan de choque, esta intervención requiere una detallada labor de investigación judicial, que permita llevar a los peces gordos y sus lugartenientes ante los jueces, y eso puede dar resultados a largo plazo.
Al analista Castaño le preocupa que la Fuerza Pública solo se concentre en atacar a tres de las 14 bandas del municipio, pues eso puede generar un efecto rebote, debilitando a unas y fortaleciendo a otras.
Y según él, a la intervención le faltan extinciones de dominio, “¿qué pasa que no hay embargos de tantos apartamentos que los cabecillas tienen allá, producto de extorsiones y presuntas relaciones con curadurías y la administración pública? Romper ese cordón umbilical es la cereza que le falta al pastel”.
En materia de corrupción el primer paso lo dio la Policía, con el traslado de 80 uniformados de la estación. Las investigaciones que anunció la Procuraduría contra funcionarios de la Alcaldía no han dado frutos hasta ahora.
“El reto que tenemos no es solo ubicar a los sicarios de ellos, sino perseguir su aparato financiero”, aclaró el coronel Mazo, y señaló que contra las extorsiones tienen una estrategia, “buscar al extraño: le pedimos a la gente que nos avise cuando vea a alguien que no es de la zona, porque ese podría cobrar la extorsión, y nosotros vamos y verificamos sus antecedentes”.
Las bandas también están atentas a los forasteros, por lo que visitar la localidad se ha vuelto complicado. “Si esos muchachos ven personas que no son del barrio, ahí mismo le llegan a hacerles preguntas. A uno le toca salir de la casa a recoger las visitas en la esquina para que no pase nada”, narró un habitante de Niquía.
El personero municipal, Alejandro Lema, afirmó que más importante que implementar las medidas de seguridad, es tener los mecanismos para cumplirlas. “Se dice que está prohibida la circulación de motos con pasajeros, pero en muchas partes ve uno motos con parrillero. ¿Y dónde están los operativos para que se cumpla la restricción nocturna de menores de edad? Solo hubo uno”.
La alcaldesa Adriana Salas anunció que esas dos restricciones se extenderán hasta el próximo 1° de septiembre. “Sobre los menores de edad, se busca evitar el reclutamiento para generar tranquilidad a las familias”, reiteró.
A juicio de Lema, a las acciones de la Fuerza Pública les falta más acompañamiento de la Alcaldía con oferta de programas sociales, “eso debe ser permanente, no cada 8 días”.
Otro tema pendiente lo expuso Adriana Villegas, directora Seccional de Fiscalías de Medellín (le compete Bello), quien se quejó ante los medios por las escasas denuncias de los bellanitas. “No se requiere visibilizar al denunciante, lo pueden hacer por correo electrónico, eso nos ahorraría mucho tiempo en la investigación”, indicó.
Varios residentes manifestaron a este diario que no hacen esas denuncias por miedo a represalias, pero tendrá que llegar el día en que el terror no los supere