Cárcel para Medellín se construiría por APP
Licitación y contratación serán asumidas por la próxima alcaldía. Costaría $106.000 millones.
La Alcaldía le apuesta a la Alianza Público Privada para edificar el centro que albergaría a 1.314 presos. Le explicamos.
Un lote de 30 hectáreas vecino de la penitenciaría de El Pedregal, en el corregimiento de San Cristóbal, sería el lugar en el que se establecería la primera cárcel municipal de Medellín, que podría albergar a 1.314 presos y cuya construcción costaría $106.000 millones.
Esos recursos, en principio, no serán aportados por la alcaldía, ya que la Agencia para las Alianzas Público Privadas (APP) de Medellín adelanta los diseños para que el proyecto sea asumido por una empresa privada, que se encargue de construir y administrar el centro en sus primeros 30 años de funcionamiento.
Aunque la iniciativa no alcanzaría a adjudicarse antes de que culmine el año, la alcaldía apunta a dejarlo en estado de viabilidad técnica, presupuestal y jurídica para que la administración entrante haga pública la licitación que permita llevarla a cabo.
¿Qué tendría la cárcel?
La denominada Cárcel Agroindustrial de Medellín contaría con cuatro pabellones: tres de ellos se destinarían a la reclusión de 1.260 personas sindicadas (privadas de la libertad mientras avanzan los procesos judiciales en su contra), y uno a la de 54 condenados.
El proyecto destinaría un área de 2,2 hectáreas a un aprovechamiento agrícola, con el que formaría a los presos en labores de horticultura orgánica.
Además, un bloque administrativo, otro de enfermería y uno para la biblioteca, auditorio y salones de clase e informática complementarían la construcción, según establece el proyecto de la Agencia APP.
Sin embargo, Cristina Zambrano, directora de esa dependencia, precisó que la disposición final de esos espacios la determinará la propuesta ganadora de la licitación del proyecto, y que en lo que falta del año la agencia actualizará los requerimientos para que pueda ampliar su capacidad a 2.000 reclusos.
“Si bien no hay un mecanismo que obligue a la próxima administración a asumir el proyecto, dejaremos la estructuración técnica, financiera y jurídica que indica cómo se haría el contrato, a 30 años, entre el contratista y la alcaldía”, expuso Zambrano.
Sobre las implicaciones de este tipo de convenio, la directora acotó que la administración únicamente empezaría a pagar por la cárcel una vez esté construida y en funcionamiento (si se adjudica en 2020, se esperaría que empiece a operar en 2222), y las cuotas que le consignaría anualmente al privado por los 27 años restantes de concesión serían de $35.200 millones.
¿Es pertinente la APP?
El personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe, expuso que en la actualidad hay cerca de 1.500 sindicados recluidos en estaciones de Policía de la ciudad, y que en el caso más crítico (La Candelaria), el hacinamiento alcanza el 600 %.
En ese contexto, expresó que es urgente la construcción de la cárcel municipal, independientemente de si el proyecto es asumido por la alcaldía o un contratista.
En contraste, el doctor en Derecho y Sociología Jurídico-Penal, Juan David Posada, expuso que “es un gravísimo error hacer alianzas de capital privado en la privación de la libertad”. Según él, convertir los establecimientos carcelarios en un “negocio” podría derivar en presiones de los privados a los funcionarios judiciales para que envíen a los reclusos a la cárcel, “como ya ha ocurrido en los Estados Unidos”, dijo.
Además, el también docente de la Universidad de Antioquia expuso que antes de pensar en la privación de la libertad como única medida para la población sindicada, deberían fortalecerse mecanismos alternativos que ya están estipulados en el código penitenciario y carcelario, como el uso de brazaletes de seguimiento satelital.
Hasta la fecha, la alcaldía ha invertido $2.100 millones en las fases de prefactibilidad y factibilidad del proyecto de la cárcel municipal ■