Un año para que Caldas estrene su “Alpujarra”
La obra se realiza en el lote donde estaba la Casa Consistorial de ese municipio, hecho que generó debate en la comunidad.
Los dos edificios en los que se establecerá la administración caldense en 2020 empezaron a construirse el pasado viernes 27 de septiembre, en una obra que tendrá una inversión de $21.900 millones y un plazo de 12 meses para realizarse.
Además, el nuevo Centro Administrativo Municipal (CAM), que es financiado y ejecutado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), se establecerá en el lote contiguo al parque principal en el que estuvo, desde 1850 hasta 2017, la casa consistorial Jorge Eliécer Gaitán.
Según se proyecta la obra en los planos que diseñó el Amva, el edificio en el que se establecerán la alcaldía y sus secretarías tendrá siete plantas y un área construida de 4.700 metros cuadrados, mientras que una estructura vecina de cinco niveles y un área de 1.900 metros cuadrados será la nueva sede del Concejo de Caldas.
Aunque la administración actual pretendía entregar el CAM antes de que finalizara el cuatrienio 2016-2019, asegura que los recursos para que la obra sea entregada en septiembre de 2020 están blindados, por lo que la tarea pendiente para el gobierno entrante será dotar la sede para hacer efectivo el traslado.
Un camino accidentado
De acuerdo con Luis Pérez Carrillo, subdirector de Proyectos del Amva, en julio de 2016 la obra del CAM fue incluida en el banco de proyectos a ejecutar en el cuatrienio por el conglomerado metropolitano.
En ese entonces se definió que el municipio se encargaría de entregar el lote en el que se construiría el centro administrativo, y que cuando ese espacio estuviera habilitado el Área asumiría los diseños, licitación y contratación del encargado de llevar a cabo la obra.
Para cumplir con su parte del acuerdo, la Alcaldía de Caldas demolió la Casa Consistorial Jorge Eliécer Gaitán en septiembre de 2017, alegando un “deterioro irrecuperable” en la estructura de la que fuera su sede desde 1940.
Ese proceso, según el secretario de Infraestructura de Caldas, René Jaramillo Restrepo, requirió de una inversión de $300 millones, y derivó en la descentralización de la administración municipal, que tuvo que establecer sus dependencias en la escuela Joaquín Aristizábal y hasta en locales de centros comerciales.
Así las cosas, la alcaldía esperaba que el Amva avanzara en los diseños del CAM en el primer semestre de 2018 y su licitación se realizara antes de que culminara ese año, pero una acción popular que controvirtió la demolición de la antigua casona detuvo el proceso que buscaba adjudicar la obra en diciembre de 2018.
El documento, que fue presentado por el ciudadano Miguel Luis Ángel y fallado por el
Juzgado 21 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, alegaba que la demolición de la Casa Consistorial había atentado contra el patrimonio arquitectónico caldense pues, según Ángel, “en 12 días de demolición acabaron con más de 160 años de historia”, y la casa podía ser repotenciada.
En contraste, el secretario Jaramillo estableció que “el edificio presentaba fallas estructurales, y la Dirección de Patrimonio y Cultura de la Gobernación de Antioquia dijo que no era patrimonial”.
La última palabra en el caso la tuvo el Tribunal Administrativo de Antioquia que, en febrero de 2019, revocó la medida cautelar del Juzgado 21 y dio vía libre al proceso que originaría la obra que inició el viernes pasado.
Integrado y sostenible
El principal componente que destaca la administración caldense del nuevo CAM es la agilización de los trámites para los ciudadanos, “que ahora podrán encontrar todos los servicios de la alcaldía en un mismo lugar”, según Jaramillo.
Por su parte, el Área Metropolitana pone el énfasis en que el CAM fue diseñado para aprovechar las aguas lluvia, la iluminación y ventilación natural, además de que en el lote intervenido se sembrarán cerca de 60 árboles.
Como complemento, la infraestructura contará con rampas y elementos arquitectónicos accesibles y señalética para personas con discapacidad visual, lo que lo convertiría en el edificio público más accesible del territorio metropolitano