Así va el último tramo de la carrera por subasta del espectro

Quejas de los competidores a Claro, y la posibilidad de demandar el proceso, entre lo último.

Empieza a definirse la recta final de la subasta que garantizará la conexión a redes 4G, y la primera piedra para que las 5G sean una realidad en el país. Y si bien hasta ahora el plan se ha dado acorde al cronograma planteado por el Gobierno, los operadores Tigo, Telefónica y Avantel han hecho una serie de reparos para que la iniciativa “sea más equilibrada”.

Entre los llamados de atención se pide que la resolución final del plan determine cuáles son las opciones para que aquellos operadores que no tienen bandas bajas (es decir las correspondientes a 700 MHz) puedan acceder a beneficios con miras a “tener las mismas oportunidades”, según le dijeron a EL COLOMBIANO voceros de Tigo.

Ese mismo reclamo llega desde empresas como Avantel y ETB. La idea de tener una suerte de trato diferenciado surge de que operadores como Claro y Telefónica, que sí tienen bandas bajas, ya cuentan con la infraestructura que les permite ser más eficientes al momento de proponer un plan para quedarse con parte del espectro.

“La subasta debe disponer de condiciones para operadores sin bandas bajas como se ha hecho en otros países en los que, al igual que en Colombia, es evidente la desventaja competitiva que supone tener un operador sin la mezcla de bandas bajas y altas. Esto, por los mayores costos de despliegue de red y la diferencia marcada al aproximar el mercado”, dijo Tigo en una comunicación entregada a este medio.

Peticiones que para Claro pueden poner palos en la rueda al proceso. Vale la pena recordar que ese operador fue el de mayor ingresos en servicios de internet móvil en Colombia: 898.000 millones de pesos, al primer trimestre de 2019, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

“Todos los interesados hicimos comentarios al proyecto de resolución en la audiencia pública organizada por el MinTIC. Sin embargo, otros operadores han dejado claras sus intenciones de poner sus intereses particulares por encima de los del país, incluso hablan de demandar el proceso de subasta que está en curso para ganar mercado mediante medidas regulatorias”, le dijeron voceros de Claro a EL COLOMBIANO.

A su turno, el llamado que hace Fabián Hernández, presidente de Telefónica en Colombia, está encaminado a que el Estado no se guarde espectro “pues no es buen negocio para el país. Si tenemos más espectro hay más calidad y cierre de la brecha de conectividad. Que se saque todo el espectro”, dijo el directivo.

Lo que se necesita

Solucionar ese apartado será fundamental para que la ampliación de cobertura se empiece a dar desde este año, como ha pedido el presidente Iván Duque. La necesidad la tiene la mitad del país que no está conectado a servicios de internet móvil, según datos del mismo Gobierno. De ahí que la apuesta sea por llegar al 70 % de cobertura en los próximos cuatro años.

Y es aún más importante cuando se evidencia que Colombia tiene sólo el 30 % de conectividad que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). En términos de infraestructura, el país está relegado: mientras una ciudad como Bogotá tiene una antena cada 1.700 habitan

“La subasta del espectro es fundamental como plan social: hay que conectar a más colombianos”. IVÁN DUQUE Presidente de la República

tes (cuando debería ser de 500 o 600 ciudadanos), en Japón la cifra es de una por cada 90 habitantes (ver Para saber más).

Lo que es seguro es que el costo económico de no encontrar un proceso que deje satisfechos a los proponentes puede ser grande, más si se existe la opción de posibles demandas. Datos de la ministra TIC,

Sylvia Constaín, dan cuenta de que tras la subasta se generarían inversiones cercanas a los 2.000 millones de dólares en Colombia, de ahí su urgencia.

¿Rumores de demanda?

Los operadores han descartado (de momento) iniciar un proceso judicial. Tigo ha dicho que hasta que no se conozcan las condiciones finales no se pronunciará sobre ese punto.

“Avantel no tiene por el momento intención de iniciar un proceso judicial, ni de interponer ninguna acción

siempre que la resolución cumpla con las condiciones de transparencia e igualdad que requieren estos procesos”, le dijo a este medio Ignacio Ro

mán, presidente de Avantel. Finalmente, Hernández dijo que el tema tampoco pasa por la opción de demandar el proceso, y que se trata de compartir con el Estado cuáles son las inquietudes y las posibles mejoras a la iniciativa. “Somos unos jugadores importantes para hacer las inversiones. Las condiciones que queremos son para aprovechar el trabajo conjunto”