¿Podría la FLA ser una empresa como EPM?
Pese a fallo del Consejo de Estado, no se han tomado decisiones para que deje de ser parte de Hacienda.
Análisis de propuestas para cambiar su naturaleza jurídica. El plazo vence en 2020 y el nuevo gobierno define futuro.
Menos de nueve meses tienen la Asamblea de Antioquia y la Fábrica de Licores (FLA) para cambiar la naturaleza jurídica de la empresa de licores. La orden fue dada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el pasado 21 de junio de 2018 y 15 meses después el avance es poco.
En el punto cuarto del fallo se exhorta a la Gobernación de Antioquia para que dentro del término de dos años (...) realice los trámites pertinentes ante la Asamblea para que la FLA adopte la organización y estructura jurídica que corresponde al desarrollo de las actividades industriales y comerciales que lleva a cabo.
Iván Correa Calderón, gerente de la licorera, aseguró que la palabra clave del documento es exhortar. “Para muchos, entre ellos yo, es una recomendación y no exigencia. Hoy la FLA es la única licorera del país que funciona como un apéndice de la Secretaría de Hacienda. ¿Será por eso que somos líderes? Yo diría que sí”, declaró.
Al preguntarle qué posición tenía respecto al fallo, Correa dijo que la recomendación se le dio a la Gobernación y a la Asamblea, y que son ellos quienes deben definir qué es lo más conveniente.
¿Cómo funciona hoy?
Actualmente la FLA no tiene junta directiva, sus trabajadores son empleados públicos, no tiene NIT propio y por eso
factura con el del Departamento. Los pagos también se hacen y reciben a través de las cuentas de Hacienda.
Pero si cambia la naturaleza jurídica, todo eso se modificaría, tal como ocurrió en la Industria Licorera de Caldas (ILC), que hoy es una empresa industrial y comercial del Estado. El actual gerente de esa entidad, Luis Roberto Rivas, le explicó a EL COLOMBIANO que tras el cambio — según la ordenanza 742 de 2014— la empresa adquirió autonomía presupuestal y directiva, lo que a su juicio la hizo más competitiva.
“Tenemos nuestro propio manual de contratación, podemos responder con más agilidad a los retos del sector porque competimos con grandes multinacionales y adquirimos el derecho de devolución de IVA de licores, que siempre deja un saldo a favor”, indicó.
Actualmente, la ILC tiene una junta directiva integrada por el gobernador de Caldas y cuatro personas que provienen del sector privado y que deben tener experiencia en mercadeo masivo o producción de licores. “Dos de esos integrantes de junta se cambian a la mitad del período del gobernador”, comentó Rivas.
Las opciones locales
María Victoria Gasca Durán, secretaria General de Antioquia, explicó que ante la duda de las connotaciones de la palabra “exhorta”, se interpuso una tutela que fue respondida con “vaguedad” diciendo que era un llamado.
“La claridad jurídica la obtuvimos entonces de hechos posteriores, como la sentencia judicial que obliga a vincular a trabajadores oficiales y la suspensión del concurso de méritos. Con esos antecedentes he
mos tenido que concluir que no es una posibilidad sino una obligación”, dijo.
Eso significa que el cambio de naturaleza jurídica sí se hará. La siguiente pregunta es entonces ¿qué opción es la mejor para Antioquia?.
Correa Calderón dijo que la Ley 1816 deja abiertas cuatro posibilidades: que sea una empresa industrial y comercial del Estado (Eice), que maquile los productos en otras fábricas, que se venda a privados o que sea una sociedad de economía mixta.
Adriana María Hernández,
secretaria de Hacienda de Antioquia, explicó que se adelanta un estudio con simulaciones económicas para conocer cuál es la mejor opción.
“Hay dos monopolios que tiene la empresa: el rentístico que se fundamenta en la producción e introducción (de licores) y el otro, el de la distribución y comercialización. Los estudios nos dirán qué es lo más conveniente”, explicó la funcionaria.
Los objetivos de Hacienda, dijo, es que la conversión no afecte los ingresos de la Gobernación —y por ende la categoría del Departamento—, que se cumpla la ley en materia de nómina, que las marcas de la licorera se preserven y que los ingresos adicionales que genere la entidad (por concepto de arriendo u otros aspectos) se mantengan como recursos de libre destinación.
Teniendo en cuenta que
por ley la producción de licores en Colombia es un monopolio del Estado, Gasca dijo que la opción de que la FLA se convierta en una sociedad mixta (con capital público y privado) sería la menos viable.
Ante los reclamos de varios diputados por la falta de cifras sobre las implicaciones del negocio, Gustavo Restrepo, subsecretario Jurídico de Antioquia, aclaró que los estudios actuales se están haciendo con base en los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, y que aún no están completos. “Cuando esté listo el informe financiero y las valoraciones de la empresa por bancas de inversión, presentaremos el proyecto de ordenanza para que se estudien las cifras reales y se tome una decisión”, señaló.
Gasca informó que el próximo viernes tendrá listos esos estudios y los presentará al gobernador Luis Pérez. El diputado Norman Co
rrea propuso que la decisión sobre el futuro de la FLA se tome después de las elecciones regionales del 27 de octubre para que incluya al mandatario que suceda a Pérez ■