Listo primer diagnóstico de Ancón 2
Estudio preliminar evaluó 102 viviendas en el área del deslizamiento. 34 de estas casas están en estado crítico.
Estudio preliminar de ingeniería muestra que 34 viviendas están en estado crítico por el deslizamiento de tierra. Copacabana no tiene presupuesto para ejecutar las reparaciones.
Gloria Mejía, con su casa al borde de la carretera, está cansada de vivir en medio de la nada, o de lo poco que queda. Es una soledad tremenda, así lo dice, porque ya no tiene vecinos cerca y es la única habitante de su cuadra que no ha evacuado su vivienda, fracturada por el movimiento en masa en la vereda Ancón 2 de Copacabana.
Durante los meses que se ha prolongado el problema – las primeras fisuras se hicieron notorias en la temporada invernal de finales de 2018–, las autoridades locales han insistido en que se trata de una emergencia nacional. La advertencia no es en vano: además del riesgo de desaparición del asentamiento, están expuestos un poliducto y gasoducto de distribución nacional, la vía férrea y la troncal a la Costa Atlántica.
Hoy hay más respuestas para entender qué ocurre. La Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana, Corantioquia, la Alcaldía y Comfama (que tiene un parque en la zona) financiaron un estudio técnico por $1.000 millones, que recién entregó sus primeras conclusiones preliminares tras 90 días de análisis.
Este primer diagnóstico, realizado por la firma de ingenieros Inteinsa, solo dejó angustias entre las autoridades y las 2.264 personas afectadas. Sobre el papel quedaron las posibles obras de mitigación que la Alcaldía no puede ni siquiera costear.
¿Qué dice el estudio?
El primero de los informes, según el alcalde local Óscar Restrepo, confirma el daño que sufrió el terreno por el mal manejo de aguas residuales, la construcción en áreas inestables y la socavación del río sobre las laderas.
Estos resultados iniciales serán complementados con un último estudio, el cual Inteinsa entregará el 31 de diciembre. Aún están pendientes, entre otras cosas, la ejecución de otras perforaciones para la instalación de piezómetros e inclinómetros (para seguir midiendo la magnitud del desplazamiento).
Sin embargo, tras esta primera entrega, Inteinsa hizo una evaluación estructural de 102 viviendas en el área de influencia directa del deslizamiento y las clasificó según el tipo de daño.
Así, 29 edificaciones fueron etiquetadas con daño de tipo “Muy severo”, puesto que se trata de viviendas con inestabilidad estructural grave, con su sistema de resistencia estructural gravemente afectado o comprometido.
Cinco viviendas fueron evaluadas con daño severo, puesto que, de acuerdo con la firma consultora, se requieren reparaciones extensas y la inclusión de un nuevo sistema estructural para recuperar la vivienda a condiciones aceptables de seguridad.
Once viviendas fueron catalogadas con daño moderado, dado que según los ingenieros existe sensación de inseguridad por parte de los habitantes, por lo que exigen de algunas reparaciones.
El porcentaje restante (57 viviendas) mostraron daños leves: Las fisuras no representan ningún riesgo para la edificación ni para las personas que la habitan.
Dentro de la zona de mayor afectación, los analistas alertaron sobre cuatro casas en estado crítico por riesgo de colapso alto y deben demolerse lo más pronto posible. En dos casas más de esta área el estudio recomienda su “posible demolición por vulnerabilidad alta, pero sujeta a la finalización de los estudios”
Una de estas viviendas es la casa de Mejía que, según el informe, “no han evacuado y debe procederse inmediatamente a ello”.
El veredicto no es amable: tras este análisis, Inteinsa recomienda la demolición manual de 34 viviendas.
La firma consultora también examinó el estado de
un box culvert ( que puede definirse como una alcantarilla de hormigón rectangular) que atraviesa el paraje y la Autopista Norte y que ya presenta pérdida de recubrimiento, materiales inadecuados y ausencia de refuerzo en algunos tramos.
Esta es una de las principales preocupaciones del alcalde Restrepo, quien agrega que la estructura está en inminente peligro, tiene filtraciones y fue manipulada con la intervención de la comunidad de manera irresponsable. Hoy el país está en peligro de quedarse sin vía a la Costa Atlántica, dijo el mandatario, en caso de que el box culvert se siga socavando.
“Yo me declaré en insuficiencia financiera. El municipio no tiene la capacidad hoy —y creo que tampoco la tendrá en el futuro— para asumir esta emergencia”, concluyó.
Y es que solo la demolición está estimada en $2.300 millones. Las obras de reparación y mitigación podrían ascender hasta los $ 50.000 millones.
¿Qué sigue?
Los trabajos necesarios para contener la emergencia incluyen la evaluación del estado de otras 90 viviendas.
En el río Medellín, la empresa tiene una proyección de posibles obras de remediación, entre las que incluye la construcción de contradiques, llenos y enrocados.
La comunidad, por su parte, solicitó a la Administración la presencia de la Policía para evitar que sus viviendas, hoy abandonadas, sean saqueadas.
Juliana Palacio, directora del Dapard, confirmó que no hay recursos destinados en la región para dar solución al problema. Precisó que en Ancón 2 se extenderá la declaratoria de calamidad pública por seis meses más, pues temen que la situación se agrave con la nueva temporada de lluvias.
La firma consultora, por ahora, sugiere atender mediante un plan de acción ágil a las 65 familias que faltan por evacuar las viviendas. Una vez pase, los ingenieros indican la demolición inmediata, teniendo en cuenta el criterio de la evaluación de infraestructura hecha en campo.
Sin embargo, Inteinsa plantea algunas preguntas sin resolver hasta entregar el último estudio. En primer lugar, cuestionan en función de la relación beneficio/costo si es viable la construcción de un túnel en el margen derecha del río Medellín para favorecer el control de la contingencia. Esto aún está en observación.
El alcalde Restrepo añadió que lo único que puede hacer antes de terminar su gestión es escalar el tema al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), con el fin de “buscar recursos o un lote para reubicación de viviendas”.
También elaborarán un decreto para prohibir la construcción y el otorgamiento de licencias en Ancón 2, y así evitar la llegada de nuevos residentes o locales comerciales. “No es una cosa menor lo que está pasando ahí. Es, en realidad, una bomba de tiempo”, concluyó.
Para Gloria Mejía todo lo que está ocurriendo se resume en esperas: hay que esperar si van a comprar los predios o si los van a reubicar. Hay que esperar al nuevo alcalde electo, Héctor Monsal
ve, “a ver qué más hace” o qué decisiones toma. Y sigue
esperando una vivienda que van a desocupar en Copacabana ( y que le van a arrendar) para irse, probablemente este mismo mes.
La última pregunta que dejan los ingenieros de Inteinsa es, quizás, la opción más desconsoladora: ¿ Es posible proyectar que el paraje Ancón II sea todo reubicado y se mantenga la zona como de alto riesgo, por lo menos durante varios años, mientras se implementan obras de mitigación y de solución intermedia?
En esta antesala de una factible desaparición de la vereda, o de su eventual desocupación total, el alcalde responde: “Hay que dejar el territorio en evaluación al menos un año para determinar si será una reserva forestal, un parque ambiental o si puede seguir soportando vivienda”.
Para esta duda, que angustia a tantos, aún no hay sentencia. Mientras llegan los resultados finales —y cambian las administraciones locales— el río seguirá consumiendo la vereda y los pocos vecinos que quedan, ubicados a cuentagotas por las cuadras del barrio, continuarán marchándose