Primer semestre de 2019, el de más agresiones contra líderes en 10 años
Aunque el Gobierno nacional reporta una reducción del 47 % en los homicidios frente a 2018, las cifras muestran un incremento de las intimidaciones de todo tipo.
Entre enero y junio de este año, 591 hechos de violencia, entre homicidios, amenazas u hostigamientos contra líderes sociales en Colombia fueron registrados por el Sistema de Información sobre Agresiones (Siaddhh), un observatorio de la ONG Programa Somos Defensores. La cifra adquiere dimensiones preocupantes si se compara con el reporte del mismo período del año anterior, en que se reportaron 397 hechos. Es decir, este año el incremento ha sido del 49 %.
Los datos fueron revelados en el más reciente informe semestral de Somos Defensores, organización conformada por la misión Benposta Colombia, la Asociación Minga y la Corporación Colombiana de Juristas, y financiada por la Embajada de Noruega en Colombia y las agencias de cooperación Misereor, Diakonia, Amnistía Internacional y Pan para el Mundo.
Desde hace 10 años, Somos Defensores hace seguimiento a las condiciones de seguridad de los líderes sociales y las garantías para su labor en las comunidades; sin embargo, el texto publicado enfatiza que la de los primeros meses de este año es “la cifra más alta de agresiones que se haya conocido en un semestre desde la creación de nuestro sistema (2009) ”.
“El conflicto se reconfiguró”
Como dos de las posibles razones para que este tipo de violencia no desescale, el informe señala que a pesar de los compromisos suscritos en el Acuerdo de Paz, “en los territorios hay una reconfiguración del conflicto armado”, así como una implementación de lo acordado en La Habana que califica como “desesperanzadora para los contextos en los que la victimización del liderazgo social es muy alta”.
Para afirmarlo, el reporte cita datos del Instituto de Estudios de Paz (Kroc), adscrito a la estadounidense Universidad de Notre Dame, que desde el 24 de noviembre de 2016 viene haciendo seguimiento anual a los 578 compromisos incluidos en el Acuerdo con las Farc. Con corte a abril de 2019, el instituto señala que apenas un 23 % de esos compromisos se han implementado completamente, pero “un 34 % tienen un avance mínimo y un 29 % no han iniciado para cumplirse”.
La ONG reconoce el trabajo del Estado en la reducción del número de homicidios; sin embargo, aduce que ese decrecimiento puede también responder “al cambio de estrategias de los actores armados en los territorios y a la disminución de disputas entre ellos” y teme que “la baja sea coyuntural y no se mantenga la tendencia hasta finales de 2019”.
No solo son los homicidios
En efecto, hace una semana
la Presidencia de la República presentó su propio informe de la situación de seguridad de los líderes sociales en el país y aseguró que entre el 1 de enero y el 22 de octubre de este año, el número de asesinatos se redujo 47 %. Este año ocurrieron 52 frente a 98 perpetrados en el mismo período de 2018.
El consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, afirmó que la disminución responde a la implementación del Plan de Acción Oportuna (PAO), que contempla la prevención, la reacción inmediata con alertas tempranas, la investigación para establecer responsables y la aplicación de sanciones.
“El objetivo del presidente Iván Duque y del Gobierno nacional ha sido reducir estos números a cero, y vamos trabajando en esa dirección”, expresó Barbosa.
Sin embargo, para Somos Defensores, no es suficiente, puesto que “otras agresiones aumentaron exponencialmente, como las amenazas, sin que el Estado, particularmente la Fiscalía, muestre resultados para enfrentar su crecimiento”, indica el informe (ver infografía).
El reporte concluye aseverando que el Estado viene enfrentando esta problemática desde “una visión reduccionista de la criminalización del liderazgo social” y hace un llamado para que sus agentes cumplan con el mandato del Derecho Internacional de evitar la comisión de los crímenes