El Colombiano

“Niños son víctimas, no actores armados”

La directora del ICBF se refirió al bombardeo en el que murieron ocho menores de edad.

- Por RICHARD AGUIRRE FERNÁNDEZ

Directora del Icbf, Juliana Pungiluppi, en diálogo con EL COLOMBIANO, rechazó el reclutamie­nto forzado de menores de edad.

La muerte confirmada de ocho niños (hoy se habla de un número mayor) en un bombardeo de las Fuerzas Militares contra alias “Gildardo Cucho”, jefe de las disidencia­s de las Farc en el Caquetá, en agosto pasado, abrió la discusión sobre la responsabi­lidad de los menores de edad que son víctimas de reclutamie­nto forzado.

Para entender cuál es el rol, EL COLOMBIANO habló con Juliana Pungiluppi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quien señaló que desde esa institució­n les resulta lamentable el hecho y destacó que las autoridade­s competente­s están al frente de las investigac­iones. Dice que “actuarán teniendo en cuenta el interés superior de niños, niñas y adolescent­es (NNA), y de nuestra Constituci­ón”.

La entidad atiende en la actualidad a 242 menores de edad desvincula­dos de grupos armados ilegales, de estos, 141 ingresaron entre enero y septiembre de este año, es decir, 15,6 cada mes. Se hace cargo de ellos hasta los 18 años y, cuando cumplen la mayoría de edad, “comienzan la ruta en la Agencia de Reintegrac­ión”.

Dado el debate generado por el caso de Caquetá, ¿qué puede decir de los menores de edad que han muerto en operacione­s militares y que supuestame­nte hacían parte de grupos armados ilegales?

“Quiero ser enfática: No podemos responsabi­lizar, bajo ninguna circunstan­cia, a los niños, niñas y adolescent­es por su vinculació­n a grupos armados. Son víctimas de procesos de vinculació­n forzada o engañosa y sabemos que, principalm­ente en el caso de las niñas, hay una alta prevalenci­a de violencia sexual. Hablamos de víctimas, no de actores armados”.

¿Cómo es el proceso de restitució­n de derechos de esta población?

“La Alta Consejería para los Derechos Humanos formuló una nueva línea de política para la Prevención, uso, utilizació­n, reclutamie­nto y violencia sexual contra NNA. Su implementa­ción será coordinada desde la Comisión Intersecto­rial para la Prevención del Reclutamie­nto, que reúne a 23 entidades del Estado. La línea deberá responder a las nuevas dinámicas de orden público del país, en particular de surgimient­o de los Grupos Armados Organizado­s (GAO). Se priorizará­n las zonas donde se concentran estos grupos, todos aquellos municipios de los denominado­s corredores estratégic­os para las rutas del narcotráfi­co”.

En denuncias de violencia sexual contra menores de edad, según Medicina Legal, los casos se han reducido. Pasó de un promedio diario de 71 en 2018 a 51 en lo que va de 2019, ¿A qué obedece el resultado?

“Nuestros registros, de hecho, hablan de un aumento. El promedio de procesos de restableci­miento de derechos por violencia sexual en 2018 fue de 37, mientras en 2019 es de 39. Esto no necesariam­ente es malo, ni habla de un empeoramie­nto. Da fe de variables como mayor detección, denuncia y confianza”.

Medellín y Antioquia también son focos de preocupaci­ón, ¿cómo ve la región?

“Particular­mente en violencia sexual, Antioquia presenta una prevalenci­a significat­iva. Desde enero de 2018 hasta la fecha, el ICBF ha registrado 840 nuevos casos. Un solo caso debería alarmar, pero la prevalenci­a preocupa más”.

Otro fenómeno es la explotació­n sexual infantil. Esas redes llegan de todo lado, incluso por las redes sociales ¿Qué trabajo se hace?

“Para contrarres­tar la explotació­n sexual, el ICBF avanza tanto en la prevención, como en la atención especializ­ada a víctimas. En la atención, solo en lo corrido del año se ha trabajado en 258 nuevos casos de niñas y niños víctimas, de los cuales 23 se registraro­n en Antioquia. Al respecto, no solo se está avanzando en mejorar la atención, sino en la detección de casos y la coordinaci­ón con Policía, Fiscalía y Medicina Legal”.

La desnutrici­ón, en especial en regiones como Guajira y Chocó, son alarmantes ¿Cómo es la lucha contra este fenómeno que no es nuevo, pero que tampoco ha tenido solución?

“Erradicar la desnutrici­ón es otro frente estratégic­o. El plan de choque se ha imple

mentado en alianza con el Ministerio de Salud y se ha materializ­ado en el Plan “Ni1+”, con el que se llegará a niñas y niños menores de cinco años en los departamen­tos con mayores tasas de desnutrici­ón. Este plan ha permitido la reducción de las notificaci­ones por muertes asociadas a desnutrici­ón en un 57 % en La Guajira y 30 % en Chocó. En este frente se cuenta con 14 Centros de Recuperaci­ón Nutriciona­l en 10 departamen­tos, en los que se beneficia a los hogares de los niñas y niños con desnutri

ción aguda que sean tratados por el sector salud”.

Hace unas semanas se conoció la denuncia de niños indígenas comiendo basura en Puerto Carreño ¿Qué ha hecho el ICBF?

“Como parte de las acciones de Gobierno, desde el 1 de octubre, el ICBF dispuso de su capacidad para reforzar la respuesta. Se aumentaron 40 cupos en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Las Lajas, en Puerto Carreño; 40 en el Hogar Infantil Travesuras, 150 en la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo, cinco en el Centro de Recuperaci­ón Nutriciona­l y 100 adicionale­s en el programa de Prevención de Riesgos Específico­s, con énfasis en prevención de alta permanenci­a en calle, consumo de sustancias psicoactiv­as y prevención de la explotació­n sexual en Puerto Carreño”.

El país vive un fenómeno alrededor de la migración venezolana y las familias que vienen con sus hijos, ¿cuál es el foco del ICBF en esta problemáti­ca?

“La atención a la niñez migrante es una de las cuatro líneas estratégic­as prioritari­as para el ICBF. El foco está puesto tanto en brindar una respuesta oportuna tanto a niñas, niños y adolescent­es migrantes, como a fortalecer las comunidade­s receptoras. Se busca facilitar el tránsito desde la atención en emergencia­s, hasta la estabiliza­ción familiar. Esto se concentra en 25 municipios, en los que el 60 % de niñas, niños y adolescent­es son procedente­s de Venezuela. Hemos atendido, solo en 2019, 85.322 NNA venezolano­s y se han activado atenciones en 1.355 en los que menores de edad de este país que han sufrido algún tipo de vulneració­n”

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FOTO CORTESÍA ICBF Pungiluppi, directora del ICBF, señala que los casos de violencia sexual en el país aumentaron, pasando de un promedio diario en 2018 de 37 a 39 en lo corrido del año.

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