Nueva polémica por el bombardeo en Caquetá
En un comunicado de cinco puntos, el comando de las Fuerzas Militares se refirió en la mañana de este martes a la denuncia publicada por Noticias Uno que hace referencia a que en el bombardeo del 29 de agosto en San Vicente del Caguán, no fueron ocho los menores de edad que murieron como sostuvo la Fiscalía General de la Nación la semana anterior, sino que serían 18, según reportes de pobladores.
Algunos habitantes de la zona también indicaron que son los cuerpos sin vida que pertenecerían a menores de edad según dijo la Fiscalía.
en el lugar aún hay restos de cuerpos y una bomba que no ha explotado. Esto se mostró en las imágenes mostradas por el noticiero.
En su respuesta, las Fuerzas Militares no hacen mención a la bomba inactiva en la zona que los pobladores insisten en que sea retirada del lugar por el peligro que representa para las comunidades.
A lo que sí hacen referencia, y que ha sido su respuesta desde el día de la moción de censura al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, es que el despliegue militar contra ‘Gildardo Cucho’ fue “una operación legítima, legal y en el marco del Derecho Internacional Humanitario”.
En otra de las denuncias de los pobladores se habla de que algunos menores de edad fueron perseguidos con “drones y perros de caza” tras el bombardeo al campamento del guerrillero desertor, y rematados. Las Fuerzas Militares argumentan que “no se presentaron persecuciones, combates ni acciones que originaran la muerte de presuntos integrantes del grupo armado organizado residual”.
Advierte el comunicado que “con la debida oportunidad, las Fuerzas Militares pusieron a disposición de las autoridades competentes, el personal, información, documentos y material relacionado con la operación para el desarrollo de la investigación”.
Dichas pesquisas están a cargo de la Fiscalía y de la Procuraduría. También la Justicia Penal Militar tiene injerencia en estos hechos. A la fecha, de ninguna de las tres instancias se conocen decisiones.
En la misiva, el Ejército enfatizó en que la única entidad autorizada para emitir los dictámenes legales que permiten establecer posibles causas de la muerte, las identidades de los occisos y sus edades biológicas, es el Instituto Nacional de Medicina Legal, que ya trabaja en esa identificación