EDITORIAL
En un sistema democrático, entran dentro de las reglas del juego las reivindicaciones y las exigencias al Estado. Pero deben acompañarse de claridad en los alcances de los derechos y los deberes.
“En un sistema democrático, entran dentro de las reglas del juego las reivindicaciones y las exigencias al Estado. Pero deben acompañarse de claridad en los alcances de los derechos y los deberes”.
En Colombia hay discusiones y debates de opinión que se activan por hechos de coyuntura, pero que en foros y espacios académicos, tanto nacionales como internacionales, llevan tiempo planteándose. El del desencanto con el sistema político, por un lado, y el de la creciente demanda de exigencias al Estado, por el otro, son ejemplos de ello.
En Colombia el desencanto con el sistema político, y con una de sus variantes, la del sistema de democracia representativa, es añejo. La propia abstención electoral, que se repite en cada elección, es manifestación palmaria de ese desencanto -aunque también deje en evidencia falta de cultura política-. Los representantes políticos terminan siendo elegidos por capas minoritarias de la sociedad en cuanto la gran mayoría, pudiendo hacerlo, no participa ni aun con el voto en blanco. Pero no participar no es óbice para que luego se manifieste el desencanto y se eleven las voces de protesta ante lo que son claros ejemplos de defraudación a los mandatos ciudadanos de los que sí votaron.
Varios lazos unen esta realidad con la otra: la creciente demanda al Estado de servicios, prestaciones, prerrogativas, exenciones, beneficios, por parte de múltiples sectores, organizados o no, que consideran que hay meras expectativas que deben convertirse en derechos, y como tal, entrañan obligaciones a cargo de ese mismo Estado, de las autoridades que lo representan, o de otros sectores de la sociedad. En algunos casos, tales exigencias o reivindicaciones se hacen sin compromisos correlativos de aportar al sostenimiento de tales prestaciones públicas.
Reivindicar, pedir, exigir el reconocimiento de derechos es normal en democracia. Los grupos de interés, los gremios, los colectivos sociales, se organizan para eso a través de diversos mecanismos de interlocución. Pero el debate contemporáneo es cómo hacer que el Estado tenga capacidad de responder a tantas exigencias sin que a la vez haya compromisos claros de la operancia de sistemas de financiamiento suficientes para atender tanto requerimiento. Y, para empeorar el panorama, muchos Estados, como el colombiano, encuentran el sistema político no solo impotente frente a las exigencias -tantas de ellas tramitadas mediante sentencias judicialessino con una lacra que lo devora por dentro, la corrupción. Esta deslegitima el sistema, esfuma recursos, desvía soluciones, pudre la democracia.
En esta espiral de exigencias crecientes a un Estado sobrepasado por las obligaciones, tendrían que darse debates de forma más seria, como el del futuro pensional de los ciudadanos. No resulta coherente la defensa a ultranza del sistema actual, que solo da cobertura a un reducido porcentaje de la población y además en condiciones de inequidad escandalosas. No es financieramente viable el sostenimiento de un sistema pensional en el que, a la vez que tantos sectores piden ampliar coberturas, se niegan a las opciones de mayor ahorro, sabiéndose que el de ahora está basado en realidades demográficas del siglo pasado.
Tampoco es muy afinado negar la posibilidad de una reforma laboral que ayude a reducir la informalidad y se adecúe a las realidades contemporáneas del mercado laboral. Con los viejos esquemas se beneficia únicamente a quienes ya están en el mercado y se niega cualquier posibilidad a quienes quieren llegar a él.
Al Estado, y a sus servidores, hay que exigirles transparencia, honradez en el manejo de los recursos -siempre escasos-, eficiencia y eficacia, y ahí la ciudadanía tiene protagonismo esencial. Si eso se logra, cuántas de las reivindicaciones que hoy se elevan podrían de veras hacerse realidad