De Bolivia se fue Evo, pero no la represión
El nuevo gobierno carga con acusaciones de violaciones de DD. HH. y la salida negociada a la crisis se ve lejana.
La ciudad de El Alto, en Bolivia, es literalmente el camino a La Paz. No solo porque este lugar es vecino de la capital boliviana, sino porque, para los expertos, la salida al colapso institucional que afronta Bolivia depende, en gran medida, del manejo que el gobierno provisional de Janine Áñez le dé a las protestas que mantienen en ese lugar los seguidores del expresidente Evo Morales.
Por el momento, la estrategia de Áñez no se diferencia mucho de la que aplicó Morales en su momento: la represión. Los enfrentamientos entre militares y manifestantes, que mantenían bloqueada la planta de combustible Senkata, dejaron este martes tres muertos y 30 heridos, según la Defensoría del Pueblo.
Las víctimas se suman a los 9 trabajadores cocaleros que murieron el viernes en la ciudad de Sacaba, en Cochabamba, los cuales se enfrentaron a las fuerzas de seguridad y, según informó también la Defensoría del Pueblo, murieron por impactos de bala.
En total, sin contar los fallecidos de ayer, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habrían muerto 23 personas desde el inicio de las protestas, que en un principio estuvieron dirigidas contra un presunto fraude de Morales en las elecciones y que, tras su renuncia el pasado 10 de noviembre, derivaron en un levantamiento de los seguidores del exmandatario contra lo que consideran un golpe de Estado.
La otra cara de la fuerza
Los primeros días del gobierno de Áñez han afrontado cuestionamientos por dos bandas. Por un lado, a su legitimidad, pues la exsenadora llegó al cargo luego de una renuncia de Morales “sugerida” por los militares y, en su posesión, recibió la banda presidencial por parte del jefe del Ejército, Williams Kaliman.
Por otra parte, el gobierno provisional afronta señalamientos de irrespeto a los Derechos Humanos. La Cidh anunció este martes que entre el 22 y el 25 de este mes visitarán el país para comprobar los presuntos abusos por parte de las fuerzas de seguridad en medio de las protestas.
Las prevenciones han sido aumentadas por los decretos expedidos por Áñez, entre ellos uno del pasado viernes en el que exime de responsabilidades penales a los uniformados que actúen “en legítima defensa”, el cual fue califipersonas han muerto en protestas en Bolivia desde el 23 de octubre, según la Cidh.
cado como “grave” por la Cidh; así como otra medida que destina 4,8 millones de dólares al equipamiento militar de las Fuerzas Armadas.
¿Sociedad enfrentada?
A la vez del choque político, Bolivia enfrenta el riesgo de un enfrentamiento étnico. Varias de las víctimas recientes, entre ellas los 9 muertos del viernes en Cochabamba, pertenecen a comunidades indígenas, mayoritariamente favorables a Morales.
Además, salieron a la luz los tuits de la actual presidenta en los que se refiere a los indígenas como “satánicos”, así como un video en el que miembros de las fuerzas armadas cortan la bandera indígena de sus uniformes.
Para Forrest Hylton, doctor en historia de la U. de Nueva York y experto en política de la región, la administración de Áñez “está en contra del Estado laico y profesa una ideología supremacista”.
En contraste, Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés y analista político, considera que “este no es un problema entre blancos e indios, ni entre izquierda y derecha, sino entre la dictadura que representaba Evo Morales y la democracia”.
Aún es incierto, sin embargo, cuando esta última regresará, mientras el Legislativo fiel a Morales y el gobierno provisional se sigan desconociendo mutuamente
Ortega,