Entes de control no afectaron a Jaramillo
La principal amenaza jurídica que enfrentó el alcalde
Vladimir Jaramillo García durante su gestión fue una iniciativa ciudadana de revocatoria de mandato.
La petición estuvo encabezada por el promotor Andrés Duque Pérez, quien la presentó el 9 de marzo de 2017 en la Registraduría Municipal de Girardota, bajo el título de “Por una inversión pertinente y efectiva de nuestros recursos”.
En noviembre de ese año la Registraduría hundió la iniciativa tras encontrar irregularidades en la recolección de firmas, pues algunas fueron mal diligenciadas y otras no existían en la base de datos de identificación de la entidad.
Otro cuestionamiento a su gestión estuvo relacionado con sus políticas en el tema ambiental. El 18 de marzo de 2019 la Personería Municipal envió una comunicación a la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá (Oficio N° PM279), para que realizara acciones de “verificación, seguimiento y control a las medidas adoptadas por las autoridades ambientales”.
Según el oficio, en ese momento había altos niveles de deterioro en la calidad del aire, que afectaron a todo el Valle de Aburrá, “y para el caso de Girardota al parecer las medidas adoptadas respecto de las fuentes móviles (de contaminación) no están incidiendo positivamente en el mejoramiento de la calidad del aire, siendo así necesario establecer medidas más estrictas respecto de las fuentes fijas del sector empresarial e industrial, sector bastante desarrollado en el municipio”.
La verificación de la Procuraduría no generó un proceso disciplinario, pero en el Sistema de Información Misional del Ministerio Público le aparece una investigación en etapa probatoria, que data de 2016 y aún no se resuelve (radicado N° 2016-383071).
Se trata de una queja por un supuesto incumplimiento de contratos, en el que no solo está incluido Jaramillo, sino también el director del Área Metropolitana, Eugenio Prieto Soto.
Finalmente, en las bases de datos de la Fiscalía y la Contraloría no hay expedientes penales activos ni de responsabilidad fiscal contra Jaramillo