Líderes sociales e Iglesia denuncian violencia en Chocó
Los líderes sociales del Chocó advirtieron del recrudecimiento de la crisis humanitaria en ese departamento y de “la violación sistemática de los derechos humanos”, pese a las denuncias que han hecho desde hace varios meses ante el Gobierno del presidente Iván Duque.
Así lo aseguraron las diócesis de Quibdó, Apartadó e Istmina-Tadó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) y la Mesa Indígena, durante la presentación en Bogotá de su tercer informe sobre la situación humanitaria en esa región.
En el documento, los líderes de esas comunidades resaltaron el reclutamiento de jóvenes, el confinamiento, el desplazamiento y el aumento de los cultivos de uso ilícito como los principales problemas del Chocó.
De igual forma señalaron que durante este año se han registrado 803 amenazas, 5.561 casos de confinamiento y 4.091 más de desplazamiento forzado, según cifras del Registro Único de Víctimas.
Foco del confinamiento
En el informe, las ONG priorizaron el análisis al desplazamiento y confinamiento de las comunidades, “porque esta modalidad se ha convertido en la principal estrategia de guerra de los actores armados, tanto legales como ilegales”.
En ese sentido, el director de Pastoral Social de la Diócesis de Apartadó, Leonidas Moreno, alertó que los grupos armados ilegales que se disputan el territorio se están instalando en las comunidades y obligan a familias enteras “a responder a sus normas y sus exigencias”.
“Las comunidades quedan totalmente desprotegidas, los mayores no pueden ir a trabajar porque quedan confinados en sus territorios y la violencia que se está ejerciendo cada vez es mayor”, alertó.
El portavoz de la Mesa Indígena, Plácido Bailarín, reiteró el lastre del confinamiento, ya que “muchas familias no pueden desarrollar ningún tipo de actividades y por eso aumentan los problemas de desnutrición, de enfermedades, atención médica y salud”.
Por su parte, Arquímedes Carpio, miembro de la Mesa Indígena del Chocó, relató que en Quibdó se registraron más de 1.400 casos de indígenas desplazados, lo que termina por acabar con la “identidad cultural de las comunidades”.
Sobre el reclutamiento de menores, el vocero del FISCH, Abid Manuel Romaña, dijo que es muy difícil contabilizar los casos ya que “se han ido dando en comunidades dispersas” y a cuenta gotas, pero estiman “que ahora podrían ser unos 100 en sus manos”.
Bojayá, una bomba
Hace una semana estas mismas organizaciones publicaron una carta abierta en la que alertaban al presidente Duque sobre las amenazas que continúa viviendo el municipio de Bojayá, fuertemente golpeado por el conflicto armado.
Al menos 2.250 habitantes de las comunidades negras e indígenas de esa población están confinadas actualmente debido a los enfrentamientos armados entre grupos herederos del paramilitarismo como el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln)