Contraloría puso la lupa a finanzas de La Estrella
Las principales investigaciones de los entes de control respecto a la gestión del alcalde Jhonny García Yepes se relacionan con presuntos detrimentos patrimoniales encontrados por la Contraloría General de Antioquia.
En particular, la Auditoría Regular de dicha entidad sobre la vigencia 2017 emitió una calificación negativa de la situación financiera del municipio. Fueron 39 hallazgos de supuestas irregularidades, tipificadas así: 31 administrativas, cuatro disciplinarias, tres de tipo fiscal y una penal.
De esta auditoría se compulsaron copias a otros organismos. La Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá abrió una investigación disciplinaria por los hallazgos relacionados con algunos contratos de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de La Estrella, en la cual hay tres funcionarios implicados, incluyendo al alcalde García (radicado N°E-2018-235420). El caso está en etapa probatoria.
Por su parte, la Unidad Anticorrupción de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín le creó un expediente por un presunto prevaricato por omisión (noticia criminal N° 0500 16000 240219 10950), que está activo y en proceso de indagación.
El 14 de mayo de 2019 agentes del CTI registraron las oficinas de la Alcaldía, buscando evidencia para la investigación. En ese momento, García le dijo a EL COLOMBIANO: “Se trata de una declaratoria de calamidad pública en el sector de La Raya, que se hizo en 2017. Nosotros le enviamos informes a la Contraloría sobre ese proceso y presentamos los documentos que pidió el CTI”.
La calamidad pública fue declarada en abril de 2017 (decreto 037 del 18/4/17) para destinar recursos inmediatos y mitigar los estragos del invierno, que provocó deslizamientos de tierra y alerta de desbordamiento de la quebrada La Raya, por lo que se ordenó la evacuación de 26 familias.
La Contraloría dio un concepto desfavorable del decreto, al encontrar que la Alcaldía pagó por unas obras civiles de mitigación del riesgo que quedaron inconclusas, que hubo fallas en la interventoría y un presunto detrimento patrimonial de $24,5 millones