EDITORIAL
Las reformas que tanto requiere esta economía, quedaron en medio de la confrontación sociopolítica y ese puede ser el gran costo al final del paro. No deben vetarse temas, sino concertarlos.
“Las reformas que tanto requiere esta economía, quedaron en medio de la confrontación sociopolítica y ese puede ser el gran costo al final del paro. No deben vetarse temas, sino concertarlos”.
Hasta ahora las consecuencias del paro nacional sobre la actividad económica se estiman en un poco más de un billón de pesos, una tercera parte de lo que produce la economía colombiana en un día, teniendo en cuenta los efectos sobre la producción y la destrucción de infraestructura pública y privada.
Hoy se están viendo los efectos de segunda vuelta del paro nacional por el camino de un aumento en la incertidumbre. La primera señal de esto es que la tasa de cambio superó ayer el techo de cristal de los 3.500 pesos por dólar, después de una rápida escalada desde el lunes. No es, ni mucho menos, una desbandada, ni algo peligroso, pero sí una señal de que para algunos inversionistas las cosas se pueden complicar en el manejo de la economía si no se gestiona bien la crisis.
Y sí hay riesgos. Las reformas, que tanto requiere esta economía, quedaron en medio de la confrontación sociopolítica y ese puede ser el gran costo al final del paro. La reforma tributaria (Ley de Financiamiento) al estar en discusión en el Congreso, es la primera afectada, y se convierte en un instrumento a la mano para resolver algunas peticiones sociales.
El temor es qué puede salir como ley tributaria, si se surte su trámite en medio de la presión del tiempo y de las calles. El Gobierno, que en un primer momento no quería modificar la Ley de Financiamiento original, ya cambió su opinión y definió unas variaciones, recogiendo temas sociales planteados en el paro: devolverles el IVA a los más vulnerables, no cobrar el IVA por tres días, generar empleo juvenil y reducir los aportes en salud de los pensionados.
Lo importante ahora es alcanzar una nueva ley, que sea sólida desde el punto de vista técnico y cumpla adecuadamente sus pasos legislativos, para que no tenga más tropiezos. El desafío para el Gobierno es evitar que, como están las cosas, se quiera llenar la ley de prebendas y exenciones, al tiempo que se incorporan puntos que puedan ser válidos.
El futuro de las reformas pensional y laboral es improbable. Hacen parte del núcleo duro de los puntos del Comité del paro. El Gobierno ha insistido en que no tiene nada definido al respecto y que solo tiene algunos puntos de honor: no tocará la edad de pensión ni va a acabar el régimen de prima media. Tampoco se va a reducir el salario mínimo de los jóvenes que entran al mercado laboral.
Pero, precisamente, si algo positivo puede salir del Diálogo Nacional es que se entienda la importancia que tienen esas reformas para nuestro futuro y que sacarlas adelante debería ser labor de todos y entre todos, una solución concertada. No pueden convertirse en un tema vetado. Solo si se hace una buena reforma pensional se puede aumentar la hoy escandalosamente reducida cobertura de las pensiones ( uno de cada cinco trabajadores) y disminuir los subsidios. Solo así es posible aumentar las mesadas de los pensionados. De todas formas, la fortaleza de un sistema pensional está en la posibilidad de que la población tenga empleo formal para que pueda ahorrar y cotizar para su pensión. La reforma pensional debe ir de la mano de la laboral; esta última reduce la informalidad y propicia las condiciones para que las empresas enganchen trabajadores.
No hay que demonizar las reformas sino hacerlas bien, porque son indispensables